¿Se atreverá Rajoy a utilizar la Policía para retirar las urnas el 9N?

El Govern de la Generalitat está dispuesto a seguir adelante, y mantendrá la campaña del “proceso participativo” del 9 de noviembre. El anuncio de una nueva suspensión, por parte del Gobierno español, no ha inquietado al Ejecutivo de Artur Mas. El portavoz y conseller de Presidència, Francesc Homs, ironizó este martes al preguntarse cómo se podía parar una movilización de “voluntarios”.

Y es que ya hay más de 40.000 ciudadanos que desean participar en la organización de esa pseudoconsulta, y que llegarán a los centros educativos que se han fijado para instalar las urnas el mismo día 9 de noviembre, para atender a los votantes. Pero el Ejecutivo español tampoco quiere quedarse atrás e impedirá esa consulta, con los instrumentos legales a su alcance, incluida la Policía Nacional.

Esa sería una imagen trágica. Y es la que, paradójicamente, podría celebrar una parte del movimiento independentista, partidaria de que se extremen las posiciones, para que se compruebe la actitud de ese supuesto Gobierno español perverso.

Elementos suficientes para la impugnación

¿Se puede llegar realmente a esa situación? El Gobierno español ha ido interiorizando, en los últimos días, según fuentes conocedoras del proceso, que no podía permanecer ajeno a lo que sucedía. Ha contribuido a ello las diferentes acciones del Gobierno catalán.

Y, tras estudiar los correos electrónicos, las instrucciones a los funcionarios, la petición a los ayuntamientos para que cedieran locales, la propia campaña en TV3 o las quejas recibidas por particulares, el Gobierno considera que tiene suficientes elementos para impugnar la nueva consulta. Aunque los juristas consultados también destacan que lo fundamental es la pregunta, que será la misma que en la consulta ya suspendida, y es que atañe a la soberanía del conjunto del pueblo español.

La posibilidad de que Mas pudiera firmar un decreto, que desarrollara los puntos no impugnados de la ley de consultas, el día previo a la consulta, el 8 de noviembre –imposibilitando una reacción rápida para impedirla– ha convencido al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La decisión del Govern

Pero en el otro lado nadie se mueve. Esquerra Republicana se ha mostrado dispuesta a seguir adelante, de la misma forma que el conseller Homs, de Convergència Democràtica. Hasta Iniciativa per Catalunya cambiaría ahora de posición. Su dirigente Joan Herrera, que aseguró que no votaría en la pseudoconsulta, podría variar su posición, si el Gobierno español la impide.

Por tanto, los partidos pro consulta están dispuestos a mantener el dispositivo y animarán a sus militantes y a los ciudadanos catalanes para que acudan el domingo 9 de noviembre a los centros de secundaria y a los puntos repartidos en casi todos los municipios –sólo nueve no dispondrán de locales habilitados– y voten a favor o en contra de la independencia.

Ante eso, el Govern de la Generalitat deberá tomar decisiones definitivas. Si la petición llega de la Fiscalía del Estado, será el Fiscal Jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada, quien debería pedir a los Mossos d’Esquadra que hicieran lo necesario para cumplir la ley. Los Mossos serían los encargados de impedir el voto en las urnas en los centros de secundaria.

La responsabilidad de Espadaler

¿Se lo podría permitir el Govern catalán? Todo el peso, en ese caso, recaería en el conseller de Interior, el democristiano Ramon Espadaler, que trataría de no llegar a esa situación. Espadaler, según diversas fuentes, no tendría ninguna duda en acatar esa orden, por lo que buscará que, previamente, no se llegue a ese extremo.

El Ministerio del Interior lo tiene muy claro. Y una voz autorizada asegura que se llegaría hasta el final en el cumplimiento de la ley. “Naturalmente que el Ministerio prevé el uso de los Cuerpos de Seguridad del Estado de fuera de Cataluña si fuera necesario hacer guardar el cumplimiento de las leyes de forma integral”, asegura.

Es decir, en el caso de que los Mossos no cumplieran las órdenes –algo improbable– y en el caso de que la Policía Nacional en Cataluña no contara con suficientes efectivos, llegarían de otros lugares del resto de España.

Esa imagen, la de furgones de la Policía cercando los centros educativos, sería contraproducente para el Gobierno español, según los juristas consultados, pero Mariano Rajoy podría esgrimir que cumple la ley, tras la suspensión que, previamente, hubiera dictado el Tribunal Constitucional. Para el soberanismo, los militantes más aguerridos de Esquerra Republicana o la CUP, podría ser una victoria. Una triste victoria.