La restauración sentencia al Gobierno por «inmoral»
Los restauradores exigen al Gobierno que obligue a los propietarios de los inmuebles a revisar los alquileres para que asuman parte de la crisis
El sector de la restauración ya no va con medias tintas a la hora de juzgar la gestión del Gobierno ahora que se abre paso el debate de la desescalada sin resolver antes las “disfunciones” que les ha generado el cierre de la actividad desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo pasado.
«No alcanzamos a entender cómo el gobierno puede estar protegiendo a los grandes grupos inmobiliarios haciendo que sus intereses no se vean perjudicados en modo alguno por la crisis. Es inmoral», ha protestado en un comunicado un numeroso grupo de restauradores, entre los que se halla el Gremio de Restauradores de Barcelona.
Cerca de 500 conocidos establecimientos de toda España reclaman que se revise el precio de los alquileres y se condonen las cuotas de los meses en los que han permanecido cerrados a causa del estado de alerta por la pandemia de coronavirus.
Insisten en que hay dos problemas que el Gobierno debe resolver con urgencia: la situación de los alquileres, que se siguen reclamando a los propietarios de bares y restaurantes pese a que sus establecimientos están cerrados por orden gubernamental; y la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTO) más allá del estado de alarma.
Los impulsores de esta reclamación son el Gremio de Restauradores de Barcelona, dirigido por Roger Pallarols, y los dueños del restaurante barcelonés B.One, Andrea Funari y Michele Bortoluzzi. Entre los firmantes se encuentran centenares de establecimientos de Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Cádiz, Sevilla, La Coruña, Bilbao, Zaragoza y de las Baleares.
En unas recientes declaraciones a Economía Digital, Pallarols reclamó al Gobierno que intervenga los alquileres para repartir las pérdidas con los propietarios inmobiliarios. En su último decreto, el ejecutivo de Sánchez tan solo contempla un aplazamiento del pago de los alquileres, pero el sector de la restauración advierte que es una medida del todo insuficiente. Si no se va más allá, muchos de los 300.00 bares y restaurantes españoles bajará la persiana para siempre.
Decreto “insuficiente y muy dañino”
En un comunicado, los restauradores insisten en que el real decreto 15/2020 es “insuficiente y muy dañino” para su sector por entender que protege a los propietarios de los inmuebles. Los restauradores consideran que estos deberían acarrear con parte de las pérdidas causadas por el estado de alarma.
“No alcanzamos a entender cómo el gobierno puede estar protegiendo a los grandes grupos inmobiliarios haciendo que sus intereses no se vean perjudicados en modo alguno por la crisis. Es inmoral”, recalcan en el comunicado.
Piden la condonación de los alquileres durante el periodo de estado de alarma en que sus establecimientos han estado cerrados. Una vez puedan volver a abrir, que lo harán con restricciones de aforo para prevenir los contagios, indican que el alquiler debe ajustarse a estas nuevas limitaciones. Y finalmente, reclaman una revisión de las cuotas durante los dos próximos años, que es el plazo que consideran que sufrirán afectaciones.
Además, los restauradores exigen a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que resuelva de una vez la prolongación de los ERTE más allá del estado de alarma. Aunque la ministra se ha expresado en repetidas ocasiones a favor de que se prolonguen los ERTE por causa de fuerza mayor en la hostelería y el turismo, todavía no lo ha plasmado en un real decreto.
Los propietarios de bares y restaurantes piden celeridad a la ministra, que no espere al 9 de mayo, cuando finaliza la actual prórroga del estado de alarma. Quieren saber ahora a que atenerse.
Sobre sus trabajadores, los restauradores plantean la reincorporación progresiva de la plantilla en un período mínimo de 12 meses y que, en un primer momento, se haga con jornadas parciales. Advierten de las consecuencias de no poder despedir a empleados en los próximos seis meses.
El sector de la restauración cuenta con estudios que apuntan a una pérdida de ingresos del 45% y a la destrucción de 500.000 puestos de trabajo.
