La justicia suspende el cepo de Colau a Uber y Cabify

Primer revés judicial a la guerra de Ada Colau contra Uber y Cabify. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspende el reglamento con el que el Área Metropolitana de Barcelona pretendía poner coto al número de licencias VTC en la capital catalana. Escucha así el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentado en junio.

El auto de los magistrados Manuel Táboas, Isabel Hernández y Héctor García al que ha tenido acceso Economía Digital anula «de forma cautelar» la norma, considerada como la más prohibitiva de España contra este tipo de empresas. Además, convoca a las partes a una vista que se celebrará el próximo 26 de julio.

La normativa para Cabify y Uber

El reglamento del Área Metropolitana, que engloba a Barcelona y otros 35 municipios, exigía una licencia adicional a la de VTC para poder operar en la zona. Además, el número de permisos expedidos se limitaba a 200 con el objetivo de cumplir el ratio de 1 conductor privado por cada 30 taxis. La presencia de los dos tecnológicas quedaba así en un papel marginal. 

Aplicar la norma supondría la pérdida de puestos de trabajo, inversiones y perjuicios para los clientes, dice el TSJC

De este modo, los jueces creen que el propósito de la norma «de cercenar sensiblemente el número de autorizaciones VTC operativas en el entorno de Barcelona parece, hoy por hoy, bastante claro». Por ello, concluye: «Nos enfrentamos a una legislación que pretende soslayar que estos permisos son títulos estatales, que permiten la realización de estos servicios en todo el territorio nacional».

Además, sostiene que el reglamento puede provocar «daños y perjuicios difíciles de restañar». No sólo a los conductores: «también supondría un perjuicio para los clientes del servicio, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de inversiones y depreciación de los activos de las empresas».

Suspender cautelarmente la norma no se traducirá en un «empeoramiento de las condiciones del servicio del taxi». Más cuando «la apariencia de buen derecho que asiste a la CNMC es muy, muy intensa».

Golpe al taxi 

La normativa original fue celebrada por el sector del taxi. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) aplaudió la medida de Ada Colau en Barcelona y exigió que “Fomento desarrolle las normas pertinentes para que esta licencia urbana se extienda al resto de comunidades autónomas”. Es decir, que se extienda en el resto de España. 

El ejemplo más inmediato sería Madrid, la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid (AGATM) trasladó al ayuntamiento alegaciones al proyecto inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible. Todas sus demandas van dirigidas a restringir la actividad de los vehículos VTC.

Entre sus solicitudes, exigen que no se permita a los coches de Uber y Cabify circular por el carril bus-taxi y entrar a las Áreas de Acceso Restringido del centro de la ciudad (ARR). Entienden que no hay forma de controlar que lo hagan solo para cubrir servicios de contratación previa y sospechan de que pueden hacerlo para hacer captaciones ilegales de clientes.