La justicia congela la ofensiva de Colau contra Uber y Cabify

Los planes de Ada Colau para bloquear a Uber y Cabify van camino de esfumarse en un tiempo récord. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha emitido su primer auto después de que la patronal Unauto solicitase, como medida de extrema urgencia, la impugnación de la normativa que reduce drásticamente la flota de coches con licencia VTC –los que utilizan estas plataformas–, pasando de 1.363 a 299 licencias. 

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), sin tener las competencias necesarias según Unauto, ha implantado una licencia extra, que es obligatoria para prestar el servicio. La entidad que preside Ada Colau argumenta que la medida es necesaria para implementar el ratio 1/30 (1 vehículo VTC por cada 30 coches de taxi), tal y como estableció el anterior Ejecutivo por real decreto y poco después secundó el Tribunal Supremo. 

Los tribunales catalanes, de acuerdo a la documentación a la que ha accedido Economía Digital, ha rechazado la impugnación inmediata, pero ha provocado que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), organismo encargado de implantar la nueva legislación, paralice sus planes. Diferentes fuentes coinciden en que la justicia no se volverá a pronunciar, como pronto, hasta el próximo día 29 de julio.  

Así lo han confirmado fuentes oficiales a este medio, que han explicado que no seguirán adelante hasta que la justicia no emita una resolución firme. Hasta ahora, según han añadido, estaban contactando con los propietarios de licencias VTC que sí tendrían permiso para poder prestar servicio en la ciudad de Barcelona y en las 35 restantes que comprenden el área metropolitana.

El auto rechaza la impugnación inmediata, pero emplaza a Fomento y Generalitat a pronunciarse sobre si la AMB tiene competencias

El auto, firmado el 11 de julio, rechaza la impugnación inmediata porque la publicación de la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOP) no refleja de manera explícita la fecha en la que el reglamento entrará en vigor. No obstante, emplaza a la Generalitat y al Ministerio de Fomento –entidades que, a priori, son las encargadas de implantar esta normativa– a impugnar el reglamento.

La pretensión del TSJC es agilizar los plazos. Quiere que ambos organismos se pronuncien lo antes posible –Fomento ya manifestó en su día que el AMB no tenía legitimidad para desarrollar un nuevo reglamento–, por lo que ha reducido a la mitad los días (de diez a cinco) para que puedan presentar requerimientos. 

Competencia también apura las fechas

Todo apunta a que la normativa del AMB conseguirá un hecho sin precendentes, al conseguir que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)esté del mismo bando que Fomento, algo impensable hace unos meses.

La entidad presidida por José María Marín Quemada atacaría el reglamento porque es restrictivo a efectos de “prestación de servicio” y porque altera las normas del juego “de libre competencia». Lo haría en un primer momento a través de un requerimiento ante la AMB y, si no se consiguiese ninguna rectificación, abriría la vía del contencioso administrativo.

Competencia ha sido uno de los organismos más activos en la guerra del taxi con las plataformas Uber y Cabify. Se posicionó a favor de éstas en el histórico juicio en el que se salvó al taxi y sigue ahora batallando en los tribunales para que se eliminen las barreras que siguen creando una posición de privilegio del taxi frente a sus nuevos competidores.