La Generalitat usará la Diputación de Barcelona como caja B
Mercè Conesa ayuda al gobierno de Carles Puigdemont a resolver problemas de financiación de los ayuntamientos, especialmente en gastos sociales
La Diputación de Barcelona asume inversiones municipales que corresponden a la Generalitat. La corporación provincial que preside Mercè Conesa aprobará este jueves unos presupuestos para 2017 en los que figuran partidas para servicios municipales, especialmente en educación y planes de ocupación, que debería asumir el gobierno de Carles Puigdemont. Las dos instituciones están gobernadas por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat) y ERC.
Entre las partidas del presupuesto figuran, por ejemplo, 20,5 millones de euros para guarderías y becas comedor, así como otros 6,5 millones de euros para transporte escolar. Estos gastos corresponden a la consejería de Enseñanza de la Generalitat, encabezada por Meritxell Ruiz, pero serán financiados por la Diputación de Mercè Conesa.
A la Generalitat no le alcanza para pagar a los Ayuntamientos
Conesa echará un cable a Puigdemont y a su vicepresidente económico, el republicano Oriol Junqueras, ante la maltrecha situación de las arcas de la Generalitat. Les resolverá problemas de financiación de los ayuntamientos por lo que concierne a la prestación de servicios municipales esenciales. Como a la Generalitat no le alcanza para pagar a los ayuntamientos, lo hará la Diputación de Barcelona, señala un diputado provincial de la oposición.
Joan Carles Garía Cañizares, delegado de Hacienda de la Diputación barcelonesa, presenta este jueves para su aprobación un presupuesto para 2017 que prevé unos ingresos y unos gastos de 936,8 millones de euros, que suponen 40,5 millones más y un incremento del 4,53% con respecto al presente ejercicio. Desde la oposición se advierte que superaría el techo de gasto de las administraciones públicas fijado por el ministro Cristóbal Montoro.
Las cuentas son claramente expansivas
Pese a que tanto el PDECat como ERC defienden la supresión de las diputaciones provinciales, mientras no llegue el día de su abolición, han optado por engordarlas y por endosarles una legión de asesores. Además de los 936 millones de euros de la Diputación de Barcelona, sus organismos autónomos contarán con un presupuesto de 231,7 millones y una de sus sociedades mercantiles –Xarxa Audiovisual Local SL, dedicada a dotar de contenidos a los medios de comunicación municipales- con otros 23,8 millones. La deuda financiera prevista para 2017 se sitúa en cerca de 99 millones, 24 millones menos que este año.
En el PowerPoint sobre los presupuestos que se ha distribuido a los diputados provinciales se enumeran los «seis grandes objetivos estratégicos» para el período de 2016 a 2019, entre los cuales figura el de «contribuir activamente al proceso de transición nacional» de Cataluña. No obstante, no aparecen partidas ni conceptos supuestamente impugnables, al contrario de las cuentas presentadas por Oriol Junqueras, según se indica desde los grupos de la oposición.
Las cuatro diputaciones catalanas prevén ingresar el IRPF de las nóminas de sus funcionarios directamente en la Agencia Tributaria Catalana durante el primer semestre del próximo año. No obstante, la hacienda catalana no se quedará la recaudación, sino que efectuará la correspondiente liquidación ante la hacienda española dentro de los plazos legales.
Desde el equipo de gobierno se asegura que se trata de «un acto simbólico» que no supone «ninguna ilegalidad ni ninguna desobediencia» a las instituciones españolas.
