CiU y ERC engordan la diputación que quieren suprimir

La Diputación de Barcelona prepara unos presupuestos expansivos para el próximo año pese a que las formaciones políticas que integran su gobierno, CiU y ERC, abogan por suprimir estas corporaciones provinciales.  

Mientras existan las diputaciones, la de Barcelona, presidida por Mercè Conesa, está decidida a incrementar su presupuesto y a continuar siendo la corporación provincial más rica de España si se exceptúan las diputaciones forales bascas. Madrid queda fuera de esta clasificación porque, al tratarse de una comunidad uniprovincial, sus competencias han sido asumidas por el gobierno autónomo de Cristina Cifuentes.   

Los recortes han quedado atrás. La Diputación de Barcelona trabaja con una previsión de ingresos y gastos para el próximo año de 910,5 millones de euros, 14,5 millones más de los 896 que se presupuestaron para 2016, según avanza a este digital Joan Carles Garcia Cañizares, diputado delegado del área de Hacienda. Estas cifras también incluyen los presupuestos de los organismos autónomos de esta corporación.

El gobierno español fija un techo del 2,2%  

Garcia Cañizares precisa que el incremento presupuestario previsto para 2017 queda por debajo del techo del 2,2% que fija el gobierno central con respecto las cuentas de este ejercicio. La Diputación de Barcelona aprobará los presupuestos en un pleno extraordinario previsto para mediados de noviembre.  

El delegado del área de Hacienda indica que las cuentas están «más que saneadas» pese a mantener una deuda de alrededor del 15% del presupuesto, que asegura que porcentualmente es de las más bajas si se compara con el conjunto de diputaciones españolas de régimen común.  

Los organismos autónomos lastran las cuentas

Según informe del Ministerio de Hacienda, la Diputación de Barcelona cerró el ejercicio de 2015 con una deuda de 177,1 millones de euros, que supera en un 6,97% la de 2014. Sobre estos datos, García Cañizares indica que, desde el año 2014, Hacienda incluye los resultados de los organismos autónomos de las diputaciones, que en caso de Barcelona suponen un lastre. Por ejemplo, el Consorcio de Residuos del Maresme soporta unas pérdidas de más de 50 millones de euros que se contabilizan a cargo de la Diputación.  

Garcia Cañizares subraya que, en el periodo de 2013 a 2015, la deuda de la Diputación de Barcelona se redujo «realmente» en un 4,55% y en un 8,96% si se suman sus organismos y empresas públicas.  

Las diputaciones se entregan a la hacienda catalana    

Las cuatro diputaciones catalanas ingresarán el IRPF de las nóminas de sus funcionarios y empleados directamente en la Agencia Tributaria Catalana (ATC). No obstante, la hacienda catalana no se quedará la recaudación, sino que efectuará la correspondiente liquidación ante la hacienda española dentro de los plazos legales estipulados.  

Garcia Cañizares precisa que la función de la ATC será la de gestor, de «ventanilla», porque se encargará de traspasar el dinero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El diputado delegado de Hacienda duda que se pueda aplicar esta medida antes de fin de año, tal como se había avanzado, pero sí a lo largo de 2017.   

Ante el temor de los sindicatos que Hacienda pueda sancionar a los trabajadores en caso de impagos, Garcia Cañizares asegura que no tendrán «ningún problema» porque toda la responsabilidad será del «empleador», o sea, de las diputaciones provinciales.