La Generalitat pedirá amparo judicial para echar a Acciona de ATLL
La Generalitat amenaza a Acciona con pedir amparo judicial para que les entregue la gestión de Aigües Ter-Llobregat
La Generalitat anunció este miércoles que si la sociedad concesionaria de la empresa Aigües Ter-Llobregat, liderada por Acciona, no entrega las instalaciones, pedirán “autorización judicial” para recuperar su gestión. Acciona se niega a entregar las llaves.
Así lo aseguró el vicepresidente económico, Pere Aragonès (ERC), en una comparecencia junto al consejero de Territorio, Damià Calvet (Pdecat), en una comisión del parlamento catalán para tratar sobre el conflicto de ATLL, que ahora se denomina ATL.
El gobierno de Quim Torra acordó el año pasado retomar la gestión pública de Aigües Ter-Llobregat, compañía encargada de la gestión del agua en alta a más de cuatro millones de catalanes.
La Generalitat tenía previsto asumir de nuevo la gestión de ATLL el 1 de enero de 2019, pero Acciona acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar entregar la gestión de la compañía antes de que se efectúe la liquidación del contrato de gestión del servicio.
Aragonès informó que el TSJC ha convocado una vista para resolver la petición de cautelares realizada a instancia de la concesionaria. Esta vista se ha programado para el 5 de febrero. Por este motivo, la Generalitat «esperará a la resolución del procedimiento judicial antes de continuar con el desahucio administrativo», según precisó Aragonés. El vicepresidente recalcó que pedirá autorización judicial si Acciona se niega a entregar la gestión.
Baile de cifras sobre la liquidación
En un primer momento, la comisión de liquidación de la Generalitat reclamó 38,43 millones de euros a la concesionaria que lidera Acciona en concepto de rescisión del contrato. Posteriormente, la mencionada comisión rehizo sus cálculos y, en vez de reclamar, propuso abonar a la concesionaria 53,87 millones de euros. Esta última no lo aceptó. El caso sigue judicializado.
En la comisión parlamentaria de este miércoles, Calvet insistió en que la Generalitat está ejecutando las sentencias judiciales por las que se decreto la nulidad del contrato suscrito en 2012 entre el gobierno que presidía Artur Mas y el consorcio liderado por Acciona. Insistió en que los tribunales han anulado aquella adjudicación y el correspondiente contrato.
En sus turnos de palabra, la diputada Marina Bravo (Ciudadanos) indicó que ATLL se “malvendió” por la surgencias económicas del gobierno de Artur Mas. Lamentó que “de nuevo se tenga prisas para acabar con el contrato”, que calificó de “chapuza” que acabarán pagando los ciudadanos.
Jordi Terrades indicó que el actual ejecutivo de Torra es la “continuación” del llamado “gobierno de los mejores” de Mas, que optó por la privatización de ATLL.
Lucas Silvano, de Catalunya en Comú, animó a la Generalitat a retomar la gestión de ATLL: “sed valientes y no permitáis que una empresa privada os chulee en la cara”.
Santiago Rodríguez (PP) indicó que defendieron la gestión privada en el momento de la adjudicación y lanzó la pregunta de “¿Quién es el responsable que un contrato de 50 años acabe en seis?. En su opinión, no es de la empresa, sino de la administración que redactó el pliego de cláusulas del concurso. Los tribunales anularon la adjudicación y el contrato por estas cláusulas.
