La Generalitat fuerza al sector privado a resolver el alquiler social

El Govern de Quim Torra ha aprobado un nuevo decreto para combatir las situaciones de emergencia residencial que deja la solución en manos de las empresas privadas. La medida, presentada por el conseller de Territori, Damià Calvet, el pasado lunes, traslada toda la responsabilidad del problema de la vivienda a los tenedores privados de inmuebles en alquiler.

El decreto ley, aprobado por el gobierno catalán, ha sido presentado como un «plan de choque» para combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler, y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas. Pero deja la solución solo en manos de las empresas privadas.

Por ejemplo, el decreto obliga a cualquier propietario con más de 15 viviendas en su poder a firmar alquileres sociales a colectivos que se consideren vulnerables, como los «okupas». Los grandes tenedores de viviendas deben ofrecer alquiler social a personas o familias que lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin contrato y que estén en situación de vulnerabilidad acreditada antes de iniciar una demanda judicial.

El decreto establece, además, un alquiler social obligatorio de hasta siete años para esas familias en vulnerabilidad acreditada. «Vivimos en una situación de emergencia social para acceder a la vivienda. Hay leyes y planes de acción como la ley de los pisos vacíos, pero no es suficiente», explicó Calvet al presentar el decreto, confiado en que superará el filtro del Parlament en 2020.

«Ahora, tras consultar a entidades sociales, promotores y grupos parlamentarios, aprobamos una ley que por primera vez amorniza las políticas de suelo con las de vivienda», añadió. Este mismo decreto fue retirado del Parlament en abril pasado al no contar con los apoyos necesarios para prosperar en su respectiva votación.

Los particulares con 15 pisos serán ahora «grandes tenedores»

Los bancos y los fondos de inversión o de capital riesgo –es decir, los grandes tenedores de viviendas– aguardan el desenlace de este decreto, que a partir del próximo año les obligaría a ofrecer alquiler social a colectivos como «okupas».

Una de las novedades del decreto es que ahora serán considerados grandes tenedores los particulares con más de 15 viviendas en propiedad. De este forma, la Generalitat podría expropiar sus inmuebles cuando estén desocupados más de dos años pagando solo por el 50% de su valor, como sucede con el resto de grandes tenedores. Pero estas personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social a sus «okupas».

También se implementarán herramientas para considerar como desocupados los edificios en obras inacabas y se podrán movilizar para generar más viviendas asequibles. El decreto, además, incluye medidas para propiciar una moderación de los precios de alquiler de las viviendas del mercado libre a través del Índice de Referencia del precio del alquiler.