La Generalitat deja en el cajón 416 millones en facturas ‘sociales’
Catalunya priorizó en julio la devolución de créditos al abono de servicios como sanidad, educación y cultura
Los bancos, primero. Esa es la máxima que se ha instalado en la Generalitat para abonar los pagos de cada mes. Uno de los ejemplos más evidentes se ha producido durante julio, cuando Catalunya dejó en el cajón 416 millones en facturas a entidades sociales para poder hacer frente a los vencimientos de los préstamos contraídos por el Govern, que tienen prioridad sobre otros gastos.
Los pagos suspendidos corresponden a la prestación de servicios por proveedores en ámbitos como la sanidad, educación y la cultura. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el departamento dirigido por Andreu Mas-Collel no ha ofrecido ninguna fecha alternativa para la liquidación de las cantidades, que, en algunos casos, ya escapan a los máximos estipulados por la ley de la morosidad.
Si los bancos continúan liderando la lista de prioridades, como está establecido, y no se toma ninguna decisión al respecto, al resto de acreedores les espera una larga travesía del desierto. Los compromisos financieros de Catalunya para el último trimestre ascienden a 4.796 millones, más otros 1.000, aproximadamente, en concepto de nóminas, también por delante en la lista.
Las tensiones de tesorería en la Generalitat de Artur Mas han llevado a la comunidad hasta una situación límite y es la que más presión está ejerciendo para que Mariano Rajoy ponga en marcha ya el fondo de rescate autonómico, al que la Generalitat acudiría con un mínimo de 5.700 millones, según las previsiones del Ministerio de Hacienda.
Autonomías en problemas
No será la única. La Comunitat Valenciana, Murcia y Aragón abrazarán el rescate, como ya han manifestado públicamente. A otras autonomías se las espera en breve, como Andalucía. Sólo Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia parecen disponer de los recursos suficientes y el nivel de endeudamiento óptimo durante este año para eludir la inyección de Hacienda y la condicionalidad apareada.
El gobierno español ha dotado el fondo de rescate autonómico con 18.000 millones sólo para 2012.
