La Generalitat corrige de arriba a abajo el coste del 155
El gobierno catalán dice ahora que no sabe cuánto dinero reclamar, ya que no acierta a justificar los 130 millones de impacto que atribuyó en un informe
La Generalitat reclamará al Gobierno que le compense con las pérdidas directas que atribuye a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero la cifra reclamada, que no se ha precisado, será muy inferior a los 1.800 millones en que la Generalitat cifró la semana pasada el impacto total que atribuye al 155.
La Generalitat ofreció esa cifra sin justificación alguna, más allá de atribuirla al conjunto de pérdidas, bloqueos y retrasos achacables a la intervención. Así que blandió otra, 130 millones, recogida en un informe del propio govern sobre las consecuencias del 155, la cual se supone que responde al impacto directo de la intervención del Gobierno en los presupuestos.
Pero este martes, una semana después de esgrimir aquellos datos, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, admitió que ni siquiera está en condiciones de justificar esa última cantidad. Al menos, a efectos indemnizatorios. Fue al anunciar que el ejecutivo de Quim Torra reclamará a la Administración General del Estado el resarcimiento por las pérdidas directas cuya causa atribuye al 155.
Las concreciones de esa iniciativa, por ahora, no existen, ni por lo que respecta a la forma en que se reclamará ese pago ni por lo que se refiere a la cantidad, pero Artadi reconoció que la cifra será inferior a los 130 millones, porque buena parte de las supuestas pérdidas no se pueden justificar, de modo que la reclamación se limitará a «gastos que no tendrían que haberse producido», directamente atribuibles a la situación de excepcionalidad, explicó.
25 millones en fondos europeos
La tajada mayor corresponde a «unos 25 millones» de fondos europeos que, según Artadi, se perdieron «por no haberse podido ejecutar dentro del plazo». Pero la portavoz admitió que todavía no saben qué parte de esa cifra acabarán reclamando.
El resto son partidas menores referidas a las indemnizaciones pagadas a los empleados despedidos; las cancelaciones de contratos de alquiler, o los gastos ocasionados por haber tenido que dar de baja líneas de telefonía o internet o licencias de programarios, en su mayor parte correspondientes al desmantelamiento de la red paradiplomática de la Generalitat, integrada por el Diplocat y las delegaciones en el extranjero, las también conocidas como «embajadas catalanas».
Por lo demás, la administración catalana apunta pérdidas de partidas presupuestarias previstas para inversiones compras, subvenciones, convenios y campañas que no se pudieron realizar mientras el Gobierno tuvo el control de la Generalitat, pero en ningún caso las precisa.
La falta de concreción se extiende a la forma en que se reclamarán las supuestas pérdidas, pero Artadi dio a entender que antes de recurrir a la vía judicial, la Generalitat introducirá el tema en las negociaciones que mantiene en reuniones bilaterales con el gobierno de Pedro Sánchez. «El mecanismo dependerá de la colaboración que haya», dijo la portavoz.
