Quim Torra retuerce las cifras de la aplicación del 155
Un informe de la Generalitat cifra el impacto directo de la intervención en sus cuentas en 130 millones, pero añade que la afectación supera los 1.800
El gobierno de Quim Torra ha presentado este martes el informe que encargó para analizar el impacto que tuvo en la administración de la Generalitat la aplicación del artículo 155. Según el gobierno catalán, «la afectación económica del 155 en los presupuestos de la Generalitat, bien por pérdida, bloqueo o retrasos supera los 1.800 millones de euros».
El comisionado de la presidencia para el desarrollo del autogobierno, Pau Villoria, se encargó de presentar este informe, que también concreta el impacto del 155 en el ámbito institucional. Según los datos de la Generalitat, el 155 representó el cese de 234 trabajadores públicos. «Fueron medidas excesivas», dijo Villoria.
La Generalitat calcula que perdió 130 millones directamente atribuibles a la aplicación del 155, en concepto de gastos superfluos o partidas desaparecidas Pero, más allá de esa cifra, como advirtió Villòria, es difícil precisar el impacto económico general porque la intervención condicionó el funcionamiento de la Generalitat en todos los ámbitos, también en términos cualitativos, y supuso un bloqueo cuya incidencia presente o futura en el crecimiento económico es imposible de cuantificar
Pese a ello, el informe considera que la cifra global supera los 1.800 millones, y asegura que los colectivos más vulnerables són los que más sufrieron la aplicación del 155. En ese sentido, recuerda las tensiones por los retrasos que aquellos meses supuso el retraso en los pagos a las entidades del tercer sector.
Lista de agravios
El govern atribuye a la intervención retrasos en los pagos de 2017 por valor de 302,5 millones, y de 205 en los de 2018. Por lo que respecta a las subvenciones, en 2017 los retrasos sumaron 173,4 millones.
La Generalitat alega que la paralización de convenios y acuerdos comportó no poder aprobar una línea de ayudas a la promoción de vivienda social por valor de 140 millones ni tampoco varias operaciones de tanteo y retracto de ayuntamientos y entidades por un valor total de 110 millones.
La lista de agravios incluye los 234 trabajadores publicos cesados y el frenazo a la actividad legislativa: durante la intervención, decayeron 46 iniciativas legislativas, 9 proyectos de ley y 37 proposiciones de ley tramitadas en el Parlament, entre las cuales el gobierno catalán remarca que las había «de marcado contenido social».
Sin reclamación por las supuestas pérdidas
Pese a las cifras esgrimidas, Villòria y la portavoz del govern, Elsa Artadi, admitieron que es difícil reclamar judicialmente alguna compensación por las supuestas pérdidas, porque en muchos casos, están calculadas en base a políticas que no se aplicaron, y según parámetros cualitativos. La Generalitat, de momento, está personada en los recursos judiciales que el Parlament y Podemos interpusieron contra el acuerdo del Senado para activar el 155.
A finales de enero, tras dos meses de intervención, el Gobierno explicó que ya había transferido 1.100 millone a ayuntamientos catalanes y aprobado el pago de 1.500 milones a proveedores a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
