La Generalitat cambia un decreto que da alas a la ocupación de pisos

El Govern que -todavía- preside Quim Torra ha introducido una pequeña modificación en materia de vivienda. Se trata de una corrección del artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019 y mediante la que se abren las puertas a la legalización de la ocupación ilegal en Cataluña.

Esta norma fue aprobada a finales del pasado diciembre. La nueva redacción, convalidada la semana pasada, es clave para entender las consecuencias que puede tener en el mercado inmobiliario, ya que elimina una frase esencial para dar alas a la ocupación incluso en casos que ya hayan sido denunciados por los propietarios, según recoge El Confidencial. 

«La ocupación sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda, salvo en el caso de que la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales oportunas para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerar la vivienda vacía», rezaba el artículo que ya no aparece en la nueva y definitiva norma.

Siguiendo la misma información, la Generalitat publicó en su boletín oficial que no contemplará esta ley en los casos que ya hayan sido judicializados. Esto supone que a efectos legales se considerará una vivienda como vacía aunque no esté legalmente habitada incluso aunque su propietario haya denunciado el caso.

Además, con la nueva consideración, esas viviendas podrían pasar a formar parte del plan de vivienda social de la Generalitat, que expropiaría los inmuebles a fin de redistribuirlos.

El nuevo decreto incluirá como grandes tenedores de vivienda a los propietarios con más de 15 inmuebles. De esta forma, el Govern podrá expropiar los pisos que lleven más de dos años vacíos por la mitad de su valor. Además, cualquier persona física o jurídica que tenga esa cantidad de inmuebles estará obligada a ofrecer un alquiler social por un mínimo de siete años, que podrían extenderse hasta 14. 

Para las entidades financieras, entre las que se incluyen fondos y gestoras de activos, tendrán la obligación de ofrecer el alquiler social durante seis meses en casos de ocupación. 

Guerra de Colau contra las plataformas de alquiler

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo hace unos días su último movimiento en su guerra contra las plataformas de alquiler vacacional. La regidora de En Comú Podem dio un ultimátum a compañías como Airbnb o Booking para que dejen de publicitar sus pisos turísticos que no tengan la licencia de actividad necesaria. 

Fueron la teniente de alcalde, Janet Sanz, y el concejal de Turismo, Xavier Marcé, los responsables de comunicar un periodo de 45 días para que estas plataformas eliminen su oferta de pisos sin licencia o, de lo contrario, serán sancionadas si no se ajustan a la nueva normativa.  

Según los datos aportados, la inspección de viviendas en el Ayuntamiento barcelonés se saldó el pasado año con un total de 16.814 expedientes, 6.295 órdenes de cese, 8.042 sanciones y 383 precintos. En este sentido, Sanz explicó la infructuosa colaboración de las empresas. «Nosotros estamos posando todos los recursos que nos tocan y más, y no vemos el mismo esfuerzo por su parte», indicó.