La Generalitat da «un paso atrás» contra la ocupación de viviendas
APCE, ICAB y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida lamentan el retroceso en la lucha contra los ocupas del decreto 17/2019
Profesionales del sector inmobiliario han lamentado el “retroceso” que supone en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas el Decreto Ley 17/2019, aprobado ayer por el Pleno del Parlament.
Desde la Generalitat han planteado este decreto ley como un «plan de choque» para combatir las situaciones emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética, y con el objetivo de aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler.
No obstante, desde el ICAB y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida han indicado que, «lamentablemente”, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a través de los Decretos Ley 17/2019 y 1/2020 –este último introduce una modificación— “ha dado un paso atrás en la lucha contra la ocupación ilegal de una vivienda contra la voluntad de su propietario”.
En concreto, el Decreto Ley 1/2020 endurece el anterior al suprimir la previsión que fijaba como «supuesto de excepción para considerar una vivienda vacía que el propietario hubiera iniciado acciones judiciales para la recuperación efectiva de la posesión antes de cumplirse el plazo para considerarse vivienda vacía”.
Además, obliga a cualquier tenedor con más de 15 viviendas a conceder alquileres sociales a colectivos en situación de exclusión social, aunque se trate de “okupas» sin título de propiedad sobre la vivienda.
Los particulares con más de 15 viviendas son ahora «grandes tenedores”
La consideración de «grandes tenedores» de viviendas incluye ahora a particulares con más de 15 viviendas, por lo que —como sucede con el resto de grandes tenedores, hasta ahora principalmente bancos y fondos de inversión— la Generalitat podría expropiar esos inmuebles cuando estén vacíos más de dos años, pagando solo por el 50% de su valor.
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), también han cuestionado el decreto porque supone legalizar ciertos tipos de ocupaciones e implica ofrecer vivienda a personas que no poseen un título legal sobre el inmueble, lo que podría fomentar la ocupación.
Según los profesionales del sector, la medida adoptada por Generalitat supone trasladar la responsabilidad del problema de la vivienda a los tenedores privados de inmuebles en alquiler.
Además, señalan, la medida podría suponer un efecto contrario al que se pretende conseguir por la salida de parte de la oferta de vivienda de alquiler de mercado y, de rebote, hacerlas más inaccesibles, lo que dificultaría todavía más el acceso a la vivienda.
