La Fiscalía pide poner fin a la semilibertad de los presos del 1-O
Por primera vez, la Fiscalía pide al alto tribunal que se adjudique la competencia sobre el régimen penitenciario de los líderes del 'procés'
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que asuma las competencias sobre el régimen penitenciario de los presos del procés y que revise la aplicación del artículo 100.2, por el que la Generalitat ha concedido permisos a Oriol Junqueras y los demás condenados por el 1-O que son considerados como «semilibertad» o «tercer grado encubierto». Es la primera vez que el Ministerio Público pide al alto tribunal que fije una «doctrina unificadora» en torno a los criterios para conceder permisos a los líderes independentistas.
Así consta en un informe de la Fiscalía remitido este martes al Supremo y al que ha tenido acceso El Mundo. El documento critica que los permisos a los presos del 1-O se asemejan a «la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado». Conviene recordar que el Govern de Quim Torra eligió el artículo 100.2 para conceder la semilibertad saltándose al Supremo, que solo puede revocar el tercer grado, que de hecho ya fue concedido el pasado viernes.
Pero el escrito de la Fiscalía no versa sobre el tercer grado que ya se ha confirmado para todos los presos del 1-O, sino sobre los permisos concedidos desde inicios de año a través del artículo 100.2. El Ministerio Público ya ha presentado recursos en juzgados catalanes de vigilancia penitenciaria, que han sido tumbados, y ahora ha decidido elevar el asunto al alto tribunal que condenó a los independentistas en octubre pasado. Como los permisos se parecen tanto al tercer grado, el Supremo debería revisarlos, entiende la Fiscalía.
«La medida en que la concesión de un tercer grado sería revisable en apelación por el tribunal sentenciador, entendemos que procede en este supuesto que la Sala Segunda, en su condición de tribunal sentenciador, y dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremo de la justicia ordinaria, conozca de la decisión de apelación», argumentan los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Candena, que aún no se han pronunciado sobre el tercer grado.
El Supremo debe tener la última palabra
El informe de la Fiscalía responde a una solicitud del magistrado Manuel Marchena a los fiscales para que se manifestasen sobre el auto de un juez de vigilancia penitenciaria de Lleida que, el pasado mayo, abrió la puerta a que el Supremo, y no la Audiencia Provincial, tenga la última palabra sobre los permisos a los presos. El auto daba luz verde a la aplicación del 100.2 a Carme Forcadell y explicaba a los fiscales que podían presentar más recursos o apelar directamente ante el alto tribunal sentenciador.
En su informe de este martes, la Fiscalía opina que sí, en efecto, el Supremo debería tener voz respecto del «tercer grado encubierto» a los separatistas condenados, no solo el de Forcadell, sino el de todos los demás presos. De lo contrario, seguirá pasando lo que hasta ahora: «Hay juzgados de vigilancia penitenciaria que remiten las apelaciones contra el 100.2 a la Audiencia Provincial del Centro Penitenciario donde cumple el interno condena y otros al juzgado o tribunal sentenciador».
