Todo lo que se oculta tras la semilibertad de los políticos presos

Jordi Cuixart será en breve un hombre en semilibertad. De momento, ya ha disfrutado de dos permisos penitenciarios —el segundo, esta misma semana, de 72 horas (y no de 48 horas como el de enero)—. Dentro de poco ya no tendrá que ir de permiso en permiso porque la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners ha aprobado su acceso al régimen de semilibertad, el mismo que también se ha concedido a Jordi Sànchez y a Carme Forcadell.

La junta de Lledoners considera que los ‘Jordis’ cumplen las condiciones para acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, lo cual significa que podrán pasar el día fuera del prisión de lunes a viernes (con el fin de trabajar o de hacer voluntariado), de tal manera que únicamente tendrán que regresar a la cárcel a dormir entre semana y a permanecer los fines de semana.

Este artículo 100.2 se diseñó para casos excepcionales pero, en la práctica, ha abierto la puerta a un «tercer grado encubierto» a los políticos presos que ya han cumplido una cuarta parte de su condena. Así al menos lo sospecha la fiscalía, que ya ha presentado recursos tanto para anular el último permiso de 72 horas de Cuixart como para suspender la aplicación del mencionado artículo.

La fiscalía vs el juzgado de vigilancia penitenciaria

Los intentos de la fiscalía, sin embargo, han resultado hasta ahora en balde, puesto que han chocado contra el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 Cataluña, cuya titular es María Jesús Arnau Sala.

La sala ha rechazado los recursos que ha estudiado de la fiscalía y los políticos presos, todos, ya cuentan con beneficiarse del 100.2 y seguir los pasos de Cuixart, Sànchez y Forcadell.

No hay Tribunal Supremo que pueda frenar este mecanismo para las salidas de la cárcel, puesto que el alto tribunal únicamente se reservó la posibilidad de revocar el tercer grado de los internos (todos están calificados en segundo grado).

Los presos y las suspicacias

Fuentes jurídicas sospechan, de hecho, que nada evitará este tercer grado encubierto. No sólo porque la consellera de Justícia, Ester Capella, ya haya confirmado que todos los presos del procés se dirigen de cabeza al 100.2, sino porque consideran que la juez que debe estudiar los casos, emparejada con un hombre habituado a trabajar en y con la Generalitat, está conforme con esta aplicación del reglamento.

Ese hombre es Ramon Serra Masip, ahora presidente de Urbicsa Urbs Iudex Et Causidicus SA, la sociedad que se ocupa del mantenimiento de la Ciutat de la Justícia.

Serra está más que acostumbrado a moverse entre las altas esferas de la Generalitat. De hecho, la sociedad que preside es la concesionaria que explota y mantiene tanto la Ciutat de la Justícia como la comercialización de oficinas, locales y aparcamientos del recinto. Una sociedad con cinco socios (FCC, Copisa, Ferrovial, Aberdeen y Proelec) al compás de la administración catalana.

Durante el ejercicio 2015, Urbicsa tuvo que hacer frente a una inversión de 5,4 millones de euros para adaptar unas instalaciones a usos judiciales. No tuvo que recurrir a los bancos porque la inversión se financió mediante la contratación de un préstamo de la Generalitat de 6,2 millones.

Serra también es miembro del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, un lobby dedicado a actuar como enlace entre las grandes constructoras de obra civil y las administraciones públicas. En suma, un hombre más que acostumbrado a tratar con las conselleries de la Generalitat. 

Sus relaciones, todas, han despertado las suspicacias de quienes siguen con atención la evolución de los expedientes en el juzgado de vigilancia penitenciaria número 5, cuya titular mantiene a salvo su discreto perfil.