La Fiscalía carga contra el «tercer grado encubierto» a los presos
Un informe del fiscal reprocha al Govern de Torra el uso generalizado de la flexibilización del régimen penitenciario a los políticos presos del 'procés'
La Fiscalía no aprueba los múltiples permisos penitenciarios a los políticos presos condenados en el juicio al procés en las últimas semanas. En un informe publicado este miércoles, el ministerio público ha reprochado al Govern de la Generalitat su intención de «generalizar» la flexibilización del régimen penitenciario a todos los líderes independentistas presos.
El fiscal se ha opuesto a los permisos de salida para trabajar que se han autorizado a Jordi Sànchez en la cárcel de Lledoners y ha pedido al juzgado de vigilancia penitenciaria que revoque las salidas laborales del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), concedidas por la junta de tratamiento a tres días a la semana.
La flexibilización del régimen penitenciario es una «excepcionalidad» que no puede «generalizarse» ni dar acceso a «un tercer grado encubierto», reza el informe. La excepcionalidad a la que alude es la que exije el articulo 100.2 del Régimen Penitenciario, el mecanismo del que están tirando las cárceles catalanas para conceder permisos sin pasar por el Tribunal Supremo.
Ya la semana pasada la Fiscalía recurrió ante la vigilancia penitenciaria para que retire los beneficios al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien desde el pasado jueves sale todos los días laborables de Lledoners para trabajar en su empresa y hacer voluntariado tras haber cumplido una cuarta parte de la pena de nueve años a la que fue condenado en el juicio del 1-O.
Ahora, hace lo propio con Sànchez. La junta de tratamiento de Lledoners le concedió un permiso de tres días a la semana para realizar tareas de voluntariado sin «ningún razonamiento de por qué las tareas a realizar pueden influir de forma positiva en las carencias tratamentales», según el informe del ministerio público, que recuerda que el activista «cumple condena por un delito grave».
El artículo 100.2 al que se han acogido los servicios penitenciarios de la Generalitat para dar permisos a los líderes independentistas dice que se puede proponer «un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los (…) grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado».
La Fiscalía pone bajo aviso a Torra
En el documento, el fiscal advierte al Govern de Quim Torra de que no podrá seguir otorgando permisos por la libre a los presos. «De los nueve presos del denominado procés, a cinco de ellos ya se les ha concedido el régimen del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario», ha afeado la Fiscalía en el informe, acusando a la consejería de Justicia de convertir en una generalidad la excepcionalidad exigida para los permisos.
Como prueba, el ministerio público alude a las declaraciones de la consejera de Justicia, Ester Capella, que avanzó que el artículo 100.2 se aplicará a todos los líderes independentistas condenados por sedición, puesto que desde su perspectiva es una anomalía que los políticos catalanes que organizaron el referéndum ilegal del 1-O estén en prisión. Para el fiscal, esto deja «en evidencia» a la Generalitat.
