La demanda de Puigdemont contra Llarena: «España es como Kazajistán»
La demanda civil de los líderes independentistas contra Llarena, en la que el Gobierno no quiere meterse, acusa a España de ser "un Estado delincuente"
«España es un Estado delincuente» que está «al lado de Kazajistán» en la defensa de los derechos humanos. Con acusaciones de esta índole argumentan Carles Puigdemont y otros líderes independentistas la demanda civil presentada en Bélgica contra Pablo Llarena, a quien el Gobierno rechazó defender.
«Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales», empieza el escrito, que causó que los tribunales belgas citen al magistrado del Tribunal Supremo.
La demanda y la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez provocaron que otros funcionarios del alto tribunal acusaran al Ejecutivo de dejar «vendido» a Llarena e inspiraron una carta firmada por varias asociaciones de jueces y fiscales que piden «una clara y abierta defensa de la jurisdicción española».
Las acusaciones de Puigdemont a Llarena
Del texto de la demanda contra Llarena también se desprende que el ex presidente catalán y sus ex consejeros consideran que la Justicia española «ha sido incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial» y que por ello vulnera la presunción de inocencia.
Llarena «ha dictado múltiples decisiones que han demostrado claramente su falta de parcialidad», agregan los demandantes, que amparan el proceso legal en unas declaraciones del magistrado en las que negó la existencia de presos políticos en España.
La cita de Llarena que recoge la demanda es una explicación sobre los delitos políticos y una argumentación sobre por qué él considera que este «no es el caso que estamos llevando en el Supremo». El ministerio de Justicia respaldó su pasividad respecto a la demanda alegando que se trata de «actos privados».
La demanda de Puigdemont: «El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos»
Los abogados de Puigdemont afirman que las declaraciones de Llarena son personales y que están «al margen de su actividad judicial». Desde su perspectiva, no hay mejor prueba de ello que el que las haya espetado en una actividad organizada por «una sociedad mercantil» (el fabricante alemán BMW).
«El comportamiento de Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales tal y como lo garantiza el Tratado sobre la UE y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE», agrega la demanda.
El texto también afirma que los motivos de Llarena reflejan que «la respuesta penal del Estado español tiene como única intención el ser extinguida o mitigada respecto a los responsables catalanes si estos renuncian a su proyecto político independentista».
