La CEOE explota ante el Gobierno por la rechazo a que el Banco de España supervise las ayudas

En la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) tienen la impresión de que los informes que elaboran para el Gobierno son sistemáticamente ignorados. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto Ley que agilizará el reparto de los fondos europeos y no ha tenido en cuenta muchas de las reivindicaciones hechas por la patronal para alcanzar los objetivos propuestos por la Comisión. 

Los empresarios consideran «insuficientes» los fondos destinados al sector privado. El efecto palanca señalado en el Plan elaborado por la CEOE (cuatro euros privados invertidos por cada euro público) será imposible de conseguir concentrando al menos un 50% de la inversión en áreas públicas, tal y como señala el informe. 

Otro factor a tener en cuenta se centra en el reparto de las ayudas. El hecho de que el director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, sea quien ostente todo el control en el reparto de los fondos europeos, no tranquiliza en varios sectores, uno de ellos es el empresarial.

Desde el entorno del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, desvelan que la patronal entregó hace un mes al director del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, un informe de 32 páginas elaborado por abogados de Cuatrecasas, Garrigues y Uría Menéndez, entre otros, donde señalan la importancia de contar con una Agencia Independiente que gestione estas ayudas, como se está haciendo en otros países europeos. 

El Gobierno informó este martes que recupera las agencias públicas en este real decreto, pero no especifica nada más, despertando recelos en la patronal. 

La figura de Hernández de Cos no convence 

La CEOE propuso la figura de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Los empresarios propusieron que esta institución fuese la fiscalizadora de estos fondos y fuera adelantando estas ayudas. Además consideran que serviría para potenciar su imagen y el sistema. 

Pero, según ha podido saber Economía Digital, en algunos sectores de Moncloa no existe mucha simpatía por Hernández de Cos. Su nombramiento fue realizado por el ex presidente, Mariano Rajoy. A esto se suma que, recientemente, el gobernador ha sido la bestia negra del Gobierno rebajando sus expectativas optimistas en materia económica. 

La semana pasada, Hernández de Cos señaló que el escenario más plausible para el tramo final del año es el de una «ligera caída» del PIB, que prevé que sea inferior a la contracción esperada para la zona del euro (2,2 %). Un anuncio que contradice las previsiones más optimistas del Gobierno, que ha venido descartando una nueva contracción trimestral y apuntaba a un ligero avance del PIB entre octubre y diciembre, según avanzó el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. 

La Institución también apuntó en uno de sus informes que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podría generar desempleo. Este diagnóstico coincide con el de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que en estos momentos mantiene tensiones sobre este aspecto con el ‘ala de Podemos’ en el Gobierno. En especial, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidaria de subirlo este próximo año.

El Banco de España también ha avisado al Gobierno, en su último informe trimestral, que a día de hoy la situación de muchas familias españolas sigue siendo muy vulnerable y una eventual retirada de las medidas sociales, como los ERTE o las moratorias habilitadas para el pago de suministros, podría llevarlas a no poder atender el pago de sus deudas pendientes con el Estado, por la crisis sobrevenida.

Justo este martes, el Consejo de Ministros aprobó la prohibición de los desahucios y el corte de suministros, tras semanas con tensiones en las negociaciones por parte de un sector y otro del Ejecutivo. 

Una medida del PP

Quizás los recelos del Gobierno no vengan solo porque sea una propuesta de la patronal. La petición de que una agencia independiente gestionase los fondos europeos no es exclusiva de los empresarios. Los populares llevaron la misma reivindicación al Congreso de los Diputados. 

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado en contadas ocasiones que una agencia independiente, presidida por una persona de pretsigio ajena al Gobierno y a cualquier interés, gestionase la recepción y distribución de las ayudas europeas.

El presidente del PP hasta se lo pidió a Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 2 de septiembre en La Moncloa. Los populares siguen sosteniendo que esto es lo que se está haciendo en la mayoría de los países de nuestro entorno, y que tiene como principal objetivo, dicen en el PP, «que sea este organismo y no Sánchez, Iglesias o Redondo, los que digan a dónde van las ayudas porque transmiten poca confianza».

Los populares, como Garamendi, pidieron al Ejecutivo que los fondos estuvieran vinculados también a la concreción de un plan de reformas, que a juicio de los populares debería estar pactado entre el Gobierno y la oposición, pero que Sánchez, finalmente, lo ha hecho solo. 

Desde CEOE desvelan que su Oficina de Proyectos Europeos también le hizo llegar a De la Rocha, economista de cabecera del Gobierno, un documento «con 21 proyectos tractores para modernizar España». 

«Las pymes no saben a quién dirigirse» 

La patronal sigue preocupada por el desconcierto que está viendo en las empresas, que no saben si acudir a sus respectivas comunidades o al Gobierno central. La confusión surge ahora sobre cómo canalizar esta gestión esencial para acceder a las subvenciones. 

En Cataluña ya se recoge la incertidumbre de los empresarios sobre los cauces para solicitar las ayudas: existen hasta tres formularios diferentes según la administración. Según publica el diario La Vanguardia, existe un documento destinado a tales fines en el Ministerio de Industria, pero también en el de Transición Ecológica y uno propio de la Generalitat.

La patronal Pimec ha recomendado a los empresarios que soliciten las subvenciones acudiendo a todos los canales. Es decir, por triplicado. Las comunidades autónomas están articulando consejos para seleccionar los proyectos, pero aún desconocen cómo se procederá, por lo que el desconcierto se transmite a las compañías.