La administradora de Unipost perdona un millón a la Generalitat
La administradora concursal de Unipost asegura que la empresa de mensajería no reclamará el millón de euros que le adeuda la Generalitat por el 1-O
Unipost condonará la factura de un millón de euros que le adeuda la Generalitat. La administradora concursal de la empresa de mensajería, Eulalia Folguera Sans, aseguró en declaraciones al Instituto Armado que no reclamará el monto del trabajo de reparto de documentación para las mesas electorales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La cifra está incrustada en los 4,02 millones de euros de dinero público que la Guardia Civil considera que se gastaron o comprometieron durante la organización del 1-O y en la creación de estructuras de Estado en Cataluña. Folguera Sans alega que las facturas fueron anuladas, pero los investigadores tienen pruebas de que se volvieron a generar y que la deuda aún está pendiente.
La administradora de Unipost, que se encuentra en concurso de acreedores, explicó a los agentes que no tiene intención de solicitar el pago del servicio a la Generalitat. «Esas facturas no figuran como cobradas, ni compensadas, ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación», afirmó.
Son «facturas anuladas y no figuran como pendientes de cobro en la contabilidad de la concursada», recalcó Folguera Sans.
La Guardia Civil cuestiona la anulación de las facturas de Unipost
Antes del referéndum del 1-O, cinco consejerías de la Generalitat contrataron un encargo a Unipost por un «compromiso de gasto» de 979.661,56 euros. El trabajo consistía en repartir 56.000 tarjetas censales y cartas certificadas para los componentes de las mesas electorales de la consulta, y el coste se repartiría en facturas de menos de 200.000 euros por departamento.
El 19 de septiembre de 2017, la Guardia Civil intervino más de 45.000 cartas en una operación en unas naves de Unipost en Tarrasa y Manresa. Las facturas después fueron incluidas en la investigación del 1-O y sumadas a los otros gastos en los que incurrió la Generalitat para celebrar unas votaciones vetadas por Madrid.
Unipost solo intentó cobrar una de las facturas a la consejería de Trabajo, pero el pago fue rechazado en dos ocasiones. La Guardia Civil sostiene que la deuda sigue pendiente y que, si el trabajo no llegó a su fin, fue por «la acción de la Justicia». Según los investigadores, la empresa anotó primero el pedido de las consejerías, el 5 de septiembre, y envió una factura proforma.
La factura final se emitió el 6 de septiembre, pero fue anulada unos minutos después. La Guardia Civil señala que en las anotaciones aparece una anulación, pero se usó un código que suspendió la factura y no la anuló por completo. «No consta comunicación a la Generalitat de la anulación del pedido, sino que se estaba realizando y no se llevó a efecto», dice el informe.
«El modo de actuar en la creación y anulación de las facturas, es una forma de evitar la acción de la justicia, pues carece de toda lógica realizar cuatro anulaciones temporales para, segundos después, realizar unas proformas manteniendo vigente el pedido», concluye el escrito del Instituto Armado.
