La Abogacía pide hasta 12 años para los políticos presos
La Abogacía del Estado rebaja los cargos contra los líderes del 1-O a sedición y malversación, aunque para Junqueras puede suponer hasta 12 años de cárcel
La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para cinco exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart), todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la fiscalía.
A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado este viernes en el Tribunal Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los cinco exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de «autoridad» al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno» catalán.
La fiscalía solicitó penas de hasta 25 años de cárcel para Junqueras, de hasta 17 años para Forcadell y los Jordis, y de 16 años para los otros exconsejeros que en la actualidad están presos en Lledoners (Barcelona).
La Abogacía del Estado confirmó que sólo acusa a los promotores del referéndum independentista de sedición y malversación. En el escrito de acusación, los abogados que están a las órdenes del gobierno de Pedro Sánchez cambiaron el delito de rebelión, que atribuyeron a los procesados, por el de sedición. Este cambio conlleva una reducción de penas, de un máximo de 25 años de cárcel por el de rebelión a los 12 años a lo sumo por el de sedición. Además, se les acusa de malversación.
De esta forma, los abogados del Estado se pliegan a los deseos del Gobierno para dejar en agua de borrajas el delito de rebelión contra Junqueras y el resto de independentistas presos. Este es un gesto que esperaban los independentistas de ERC y el Pdecat. No obstante, en principio, no lo consideran suficiente para apoyar los presupuestos.
La Abogacía cambia de estrategia
La Abogacía del Estado que dirige Consuelo Castro (nombrada para el cargo en septiembre pasado) confirmó su cambio de estrategia. Pese a que hasta ahora mantuvo el presunto delito de rebelión agravada con malversación, en el escrito de acusación, que este viernes ha enviado al Supremo, lo rebajan a sedición. A diferencia de la fiscalía, la Abogacía del Estado está a las órdenes del Gobierno y, en concreto, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La Abogacía del Estado había secundado hasta ahora la acusación de rebelión que defiende la fiscalía. En el reciente auto del Supremo por el que se cerró el sumario se constata que los abogados del Estado solicitaron la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de “rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos”. No mencionaban la sedición.
La ministra portavoz, Isabel Celaá, repitió en las últimas semanas que la Abogacía trabaja únicamente con “criterios técnicos y jurídicos” para preservar su imparcialidad. Insistió públicamente que el gobierno no tenía ningún plan para que modificaran las acusaciones en sus escritos de acusación. Sin embargo, en sus últimas declaraciones públicas, el propio presidente Sánchez soslayo el concepto de rebelión. Los abogados de Consuelo Castro cumplieron las directrices del Gobierno. Ahora argumentan que no pueden acusar de rebelión porque no se ejerció la violencia.
Desde los sectores conservadores de la judicatura se advierte que si la Abogacía del Estado no acusa de rebelión a Oriol Junqueras y a los otros independentistas procesados, los tribunales europeos tomarán nota de ello. Ante eventuales pleitos en el tribunal de Estrasburgo, difícilmente los abogados del Estado podrían reclamar delitos por los que no se les acusó a los independentistas presos en España.
