JxCat culpa a ERC de la situación de sus dirigentes presos
JxCat y ERC airean sus discrepancias en público sobre la situación de los políticos independentistas presos
Los doce condenados, nueve de ellos en prisión. En primera fila, de izquierda a derecha, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras. EFE/Emilio Naranjo
Junts per Catalunya mostró su “decepción” por las propuestas de clasificar en segundo grado a los políticos independentistas presos, adoptadas por las correspondientes juntas de tratamiento penitenciario, que precisamente dependen de la Consejería de Justicia que encabeza la republicana Ester Capella.
Los dos socios del gobierno de Quim Torra airearon en público sus discrepancias después de que las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Les Basses (Girona) y Mas d’Enric (Tarragona) propusieran clasificar a los políticos presos en segundo grado (el más habitual) en vez del tercero (régimen abierto, que les permitiría pasar solo las noches de lunes a viernes en reclusión).
Josep Costa, diputado de JxCat, aseguró que en su partido están “decepcionados” porque “no hay ningún impedimento en la ley para denegarles el tercer grado”.
La tertuliana Pilar Rahola fue más directa en sus ataques a ERC. A través de las redes sociales, cargo contra la “falta de valentía” de los republicanos y consideró “incomprensible” su posición.
Incomprensible q @Esquerra_ERC defensi el segon grau als presos, quan es podia plantejar el tercer grau.
Incomprensible q ho consideri una simple qüestió «tècnica», sense entendre la dimensión política.
Incomprensible acte d´autocensura política.
Incomprensible manca de valentia— Pilar Rahola (@RaholaOficial) December 11, 2019
Jordi Pina, abogado defensor de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, difundió un comunicado en el que apostaba por el tercer grado por las “circunstancias” de sus clientes: entorno social, posibilidad de encontrar trabajo, sin peligrosidad y sin riesgo de reincidencia, ya que están inhabilitados para el ejercicio de cargo público.
En cambio, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Salvador Sabrià, indicó que su partido respeta la propuesta de las juntas de tratamiento porque no tiene “ninguna duda de que obedecen a criterios técnicos”. Pidió que no se presione a los funcionarios de prisiones que han propuesto clasificar a los presos en segundo grado.
Ahora, la Secretaria de Medidas Penales, que depende de la consejera Capella, tiene dos meses de plazo para tomar una decisión respecto a la propuesta de las juntas de tratamiento. Muy pocas veces han cambiado el criterio de los profesionales penitenciarios. Probablemente, los servicios penitenciarios de la Generalitat no agotarán el plazo, que finaliza el 11 de febrero.
Batalla por el 100.2
El propio Sabrià mostró la estrategia a seguir: reconoció que la “batalla” por los presos pasará por intentar que, una vez clasificados en segundo grado, se les aplique los beneficios que contempla el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Este artículo es el mismo que permite a Oriol Pujol Ferrusola, condenado por el caso ITV, que acuda a la cárcel de Brians solo para dormir.
No obstante, el abogado Pina asegura que sus defendidos no quieren el segundo grado sino directamente el tercero. No obstante, aunque el tercer grado es el más benevolente, en realidad, la última palabra la tendría el tribunal sentenciador, que es la sala del tribunal Supremo que preside Manuel Marchena.
Con toda probabilidad, la fiscalía recurriría el tercer grado. La sola presentación del recurso deja en suspensión el beneficio penitenciario. Además, la última instancia sería la sala del Tribunal Supremo que los condenó.
En cambio, si se clasifica a los presos en segundo grado, los servicios penitenciarios de la Generalitat podrían flexibilizarlo mediante el artículo 100.2 hasta equipararlo a un régimen abierto. En este caso, los recursos no acabarían en la sala de Marchena, sino en la Audiencia de Barcelona como última instancia.
