Primer paso para que los políticos presos logren permisos

Las juntas de tratamiento de los centros de Lledoners, Mas d’Enric y Les Basses, donde se encuentran los líderes independentistas condenados en el juicio del ‘procés’, proponen aplicar de entrada el segundo grado penitenciario a los presos. La decisión final, no obstante, dependerá del Departamento de Justicia del Govern catalán, que está en manos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Esta determinación implica que los políticos independentistas no podrán tener, por ahora, permisos para salir de la cárcel, como marca el tercer grado. Precisamente este martes, la defensa de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, anunció que pediría el tercer grado para los procesados después de dos años de prisión preventiva. 

A través de un comunicado, su abogado, Jordi Pina, lamentó las informaciones que «pretenden justificar y normalizar» la clasificación en segundo grado de los condenados. Los líderes independentistas se enfrentan a penas de entre 9 y 13 años -la mayor condena es para el líder de ERC, Oriol Junqueras– por delitos de sedición y malversación de fondos públicos. 

Este miércoles, el secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Armand Calderó, ha explicado que las juntas se han celebrado al mismo tiempo en los tres centros penitenciarios y ha asegurado que su cometido es el de «garantizar derechos, no lesionarlos». «Las penas las imponen los jueces, la Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial», ha detallado. 

Sin embargo, Calderó sí ha subrayado que son «los jueces» los que tienen «la última palabra en el ámbito de la clasificación». Unas declaraciones en la línea de las realizadas por Pina, que aseguró que la última determinación para conceder el grado penitenciario está en manos del Departamento de Justicia, un organismo que controla ERC. Este, a su vez, tendrá que examinar el informe emitido por los técnicos penitenciarios.

Las juntas tenían un plazo legal de dos meses para establecer una clasificación de los presos después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia del ‘procés’ el pasado 14 de octubre. Por tanto, han resuelto antes del límite, que expiraba este sábado, aunque su decisión no es vinculante a la que tome el Departamento de Justicia de la Generalitat. «Con la clasificación inicial no se acaba nada, empieza un itinerario», ha señalado Calderó, que ha explicado que el segundo grado deberá revisarse en un plazo máximo de seis meses. 

División entre JxCat y ERC

El grado penitenciario ha sido uno de los aspectos que más ha separado a JxCat y ERC en las últimas semanas. Mientras que los primeros pedían el tercer grado al considerar que existen argumentos que justifican la solicitud, la formación republicana solo ha anunciado que, de establecerse el segundo grado, recurriría y pediría la aplicación del artículo 100.2 de Código Penitenciario, que permite salidas de la cárcel. 

Esta es, sin embargo, solo una de las resoluciones que marcarán el distanciamiento -o acercamiento- de ambos partidos. La próxima semana llegarán otras dos: el próximo lunes 16 de diciembre se prevé que la Justicia belga decida en torno a las euroordenes por las que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reclama la entrega del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus exconsejeros, Toni Comín y Lluís Puig. 

El jueves 19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que hacer lo propio con la situación de Junqueras. El líder de ERC pide que se le conceda la inmunidad por su condición de diputado en el Parlamento Europeo, algo que el exvicepresidente catalán reclama que se le aplique desde el momento en que consiguió su escaño, es decir, desde el pasado 26 de mayo, cuando se celebraron las elecciones.