Implosión de la Justicia y ‘la calle’ con la investidura de Sánchez: España se acerca a su propio 1-O

España se parece cada vez más a la Cataluña de octubre de 2017. Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez que mantiene el PSOE con Carles Puigdemont, cada vez más acorralado por la acción judicial, ha desembocado finalmente en un choque sin precedentes entre los poderes del Estado. Por un lado, el partido de Gobierno, PSOE, acusó a la Audiencia Nacional de «hacer política» tras la imputación por terrorismo al líder de Junts, a la vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por mayoría una declaración contra la ley de amnistía que prepara el dirigente socialista para obtener los votos necesarios y continuar otros cuatro años en La Moncloa.

Las críticas del Gobierno, de su partido principal, a la acción judicial es un hecho inédito en la política española, que asume la retórica que Carles Puigdemont ha querido instalar en España: que la Justicia se mueve por intereses espurios y abusa de los procedimientos judiciales para imponer objetivos políticos (lawfare). Tanto diputados socialistas como dirigentes afines han asumido y difundido esta tesis al acusar este lunes al juez de la AN de entrometerse en la investidura tras citar como investigado al expresidente catalán por el caso de Tsunami Democràtic.

Sánchez compra el discurso

Puigdemont, que ayer paralizó de nuevo las negociaciones de investidura de Sánchez con el PSOE tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional, sostuvo que en España hay un «golpe de Estado permanente» abierto, según el independentista, por el discurso del Rey Felipe el 3 de octubre. El Gobierno ha decidido no rebatir estas posiciones, que vienen repitiendo desde Junts los últimos días y, por el contrario, la Fiscalía se apremió a pedir que la investigación por «terrorismo» de la Audiencia se rebajara a meros «desórdenes públicos».

La deslegitimación de la acción judicial está acompañada, al igual que sucedió en Cataluña en octubre de 2017, con una sorprendente y espontánea inflamación de las protestas callejeras. En este caso, sin embargo, desde el bando contrario: organizaciones anti independentistas están organizando manifestaciones diarias en frente de las sedes del PSOE en distintas plazas, con el claro epicentro de la calle Ferraz en Madrid. Ya con la presencia, ayer del líder de Vox, Santiago Abascal.

Aunque desde la izquierda cercana a Pedro Sánchez se ha denunciado que son estrategias ilegales y coaccionadoras de los cauces democráticos para conformar gobierno, a nadie escapa que se parecen muchísimo a las actitudes de los independentistas («els carrers seran sempre nostres«), que ahora se quiere amnistiar. También se ha llegado a indicar que se parece mucho a un «golpe de Estado», aunque lo más parecido que ha vivido España en este siglo, el 1-O de 2017, será probablemente erradicado de nuestra historia, BOE mediante, durante los próximos meses gracias a la amnistía.

Los elementos que conformaron la mayor dosis de inestabilidad de los últimos años se muestran incipientemente en todo el territorio: protestas incontroladas, deslegitimación de la Justicia y señalamiento de la Jefatura de Estado como uno de los principales culpables de la situación. Esta vez, sin oposición ni crítica por parte del Poder Legislativo ni Ejecutivo. Esta es la situación en la que se encuentra España a escasas horas, probablemente, de que se alcance definitivamente un acuerdo entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts de Carles Puigdemont, que debe solventar la mayoría para la investidura del presidente del Gobierno, con permiso de ERC, Bildu y PNV.

El independentismo catalán vuelve a empezar: quiere concierto y ser nación

Por ahora, Pedro Sánchez ha firmado un acuerdo con ERC que incluye la amnistía, la condonación de deuda y el traspaso de competencias e infraestructuras como los trenes de Cercanías. Pero los propios independentistas advierten que esto solo es el principio. El Parlament de Catalunya tramitó este lunes sendas iniciativas políticas que exigen la elaboración de una ley española de «singularidad de financiación» para Cataluña, que establezca un modelo de concierto económico como el vasco, y un cupo anual que pagaría la autonomía en concepto de «solidaridad», pero que negociaría bilateralmente.

Además, esta aportación «solidaria» al resto de autonomías lo haría bajo la consideración de «nación» catalana. El independentismo vuelve así a la casilla de salida, con el renovado pacto fiscal que quería Artur Mas, y la recuperación de la condición de nación que fijaba el preámbulo del Estatut catalán tumbado en 2010 por el Constitucional. El Parlament también tramitó este lunes para elaborar una nueva ley de referéndum de independencia para Cataluña.

El BNG, por su parte, logró un acuerdo este lunes también del Gobierno en funciones de Sánchez según el cuál cualquier cambio de estatus de Cataluña dentro del modelo territorial del Estado deberá serle aplicado a Galicia. En el ‘frente vasco’, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, exigió también ayer una movilización en favor de la nación vasca.