El juez acusa a Puigdemont y su entorno de recibir apoyo económico de Rusia para el procés
El juez ve indicios de que el expresidente catalán y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" para recibir apoyo "económico y militan" para el proceso de independencia en Cataluña
El expresidente catalán, Carles Puigdemont. EFE/JULIEN WARNAND
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En la víspera para que el Congreso debata si aprueba la ley de amnistía, el juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga «caso Volhov», ha acusado al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y miembros de su entorno de haber mantenido «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez ha decidido prorrogar por otros seis meses la investigación del «caso Volhov» sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el procés.
Para Aguirre, se desprenden inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y de que su entorno llegó a reunirse con «los más altos capos de la mafia rusa».
En esta pieza separada de la causa, que empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo, Jaume Cabaní, y el excargo de CDC, Víctor Terradellas, entre otros.
Servicios secretos rusos
En su auto, el magistrado asegura que ha encontrado «datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana», alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.
Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de «influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso«.
Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan «de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin». Además, en su opinión, Alay y Boye viajaron además a Rusia para «entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin».
Asimismo, entre sus indicios figura la declaración como testigo de la exdirectora general de Coordinación Interdepartamental, Elsa Artadi, en la etapa de Puigdemont, quien admitió dos reuniones con «personas que hablaban ruso» los días previos a la DUI, una de ellas en la Casa dels Canonges en presencia de Puigdemont y, según algunas informaciones, con Nikolay Sadovnikov, un supuesto miembro de la diplomacia rusa paralela.
El auto también explica conversaciones entre Terradellas y David Madí, exalto cargo de CDC, en el que el primero le asegura que el expresidente le había hablado de criptomonedas: «Tenemos que ir hacia ahí».
