Jueces, fiscales, abogados y bufetes: así se está conformando el dique judicial contra la amnistía
Los principales despachos españoles, los jueces y los fiscales se pronuncian en contra del acuerdo de PSOE y Junts.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el que la Asociación de Fiscales pide su dimisión. EFE
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«Tengo un juicio en un par de meses, a mi cliente le piden cárcel por 25.000 euros reclamados por Hacienda, ¡cárcel!», comenta un abogado, socio fundador de un reconocido despacho madrileño. «Le diré al Juez que es una pena que no estemos en Cataluña, porque entonces se habría vinculado al procés y no habría caso… Se lo diré al Juez, vaya, se lo diré», asegura.
El acuerdo entre PSOE y Junts, cerrado a última hora del pasado miércoles, comunicado el jueves, que garantiza un nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez a cambio de una ley de amnistía que previsiblemente sea hoy lunes registrada, ha puesto en pie de guerra a prácticamente todo el sistema judicial español.
Fuentes políticas cercanas a las negociaciones entre el PSOE y el partido de Puigdemont asumen que el dique judicial es el principal escollo a la efectividad del acuerdo. «La amnistía no va a ser cosa ni de tres semanas ni de tres meses«, asumen.
En un movimiento inédito en el sistema judicial español, jueces, fiscales, abogados y procuradores se han manifestado rotundamente contra la proyectada ley de amnistía. A ninguno de ellos le ha hecho falta leer el texto que será sometido a votación en el Congreso para posicionarse en contra.
Incluso los grandes despachos de abogados españoles, maestros en nadar y guardar la ropa, cercanos al poder político, fiscal y económico, se han pronunciado en contra. Hasta el grisáceo Tribunal de Cuentas, inmerso en una cascada de casos de presuntos desfalcos públicos de unos pocos euros, productor de informes con años de carencia, ha tomado cartas en el asunto.
Los jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la finalidad de garantizar la independencia de los jueces, ha elevado el tono contra el acuerdo político. El Pleno del CGPJ emitió el pasado lunes una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.
Los jueces y juezas que forman el Pleno del organismo se reunieron entre las siete y las ocho de la tarde de ese día para acordar dicha declaración, que advertía sobre el peligro de confundir el «interés de España» con el «interés del Presidente del Gobierno en funciones».
Las juezas Roser Bach -casada con Germá Gordó, consejero de Justicia con Artur Mas-; Mar Cabrejas (vocal propuesta por el PSOE); Clara Martínez de Careaga – casada con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido-; y Pilar Sepúlveda (también propuesta por el PSOE), votaron en contra de esa declaración institucional. También lo hizo el magistrado Enrique Lucas, quien explicó que siempre se opondrá a todo tipo de declaraciones institucionales del CGPJ.
Los despachos Pérez Llorca y Roca Jun, fundados por ‘dos padres de la Constitución’, se han manifestado sobre el acuerdo entre PSOE y Junts
Las juezas justificaron su voto en contra de la declaración institucional del CGPJ señalando que se corre «el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos”.
Sin embargo, el jueves 9 de noviembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en sesión extraordinaria, aprobó un nuevo comunicado con una postura aún más contundente. La inclusión en el texto del acuerdo entre el PSOE y Junts del término lawfare (judicialización de la política), exacerbó los ánimos de los jueces.
«La iniciativa apuntada», dice el comunicado del jueves del CGPJ, «implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes». La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, añadía, «determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos».
En esta ocasión, el comunicado fue aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y de las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. Pilar Sepúlveda votó en contra.
Las principales asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente– suscribieron también el jueves un comunicado conjunto denunciando que el texto acordado entre PSOE y Junts «contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política (…)».
El lunes, el mismo día en el que el CGPJ lanzó su declaración institucional contra la ley de amnistía, el juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, imputó por presuntos delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por las protestas de Tsunami Democratic, en 2019. La Fiscalía se ha opuesto a esas imputaciones.
Los fiscales
Al igual que las asociaciones de jueces, las de los fiscales también se han pronunciado en contra del acuerdo entre PSOE y Junts. Lo han hecho mediante comunicados individuales.
La mayor asociación de fiscales en España, la Asociación de Fiscales, advirtió a través de un comunicado el pasado miércoles que el acuerdo, y la inclusión del término lawfare en el mismo, supone «la asunción por los firmantes de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios, planteamiento que sólo puede merecer nuestro más absoluto y tajante rechazo».
En términos similares se han pronunciado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales.
La Asociación de Fiscales, ayer domingo, emitió otro comunicado en el que recoge las conclusiones del XXIV Congreso que ha celebrado la asociación. En él exige la dimisión inmediata del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por «su pasividad» en la «defensa del Estado de Derecho».
Los abogados
Varios Colegios de Abogados de distintas provincias españolas se han pronunciado contra el acuerdo entre el PSOE y Junts. El mayor colegio de abogados de Europa, el de Madrid, subrayó en un comunicado que ejercitará «cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes».
La Constitución española y el Tratado de la Unión Europea, explicó el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam), «rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil».
Los tres mayores despachos españoles, Garrigues, Uría y Cuatrecasas, han advertido contra las injerencias sobre los jueces
En Barcelona, un grupo de abogados y procuradores emitió un comunicado el viernes convocando a una manifestación hoy lunes en la Ciudad de la Justicia en la capital catalana.
«La materialización de ese acuerdo sin precedentes en la Unión Europea», advierten, «acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la clase política».
Garrigues, Uría Menéndez y Cuatrecasas, los tres mayores despachos de abogados españoles, que suman ingresos anuales cercanos a los 1.000 millones de euros, en un movimiento inédito, han mostrado su oposición al acuerdo y la ley de amnistía.
Miquel Roca y Antonio Garrigues Walker. Efe.
El bufete fundado en los años cincuenta del pasado siglo por Antonio Garrigues Díaz-Cabañete ha manifestado «su disconformidad con toda injerencia, desde cualquier posición política o ideológica, en la actividad de los Jueces y Magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están únicamente sometidos al imperio de la ley».
Uría Menéndez emitió un comunicado en su web el viernes mostrando su adhesión a la posición manifestada por el ICAM y su «disconformidad» con toda injerencia en la actividad de los jueces.
El despacho Cuatrecasas, fundado en Barcelona, expresó su «respeto y reconocimiento» a los valores consagrados en la Constitución, a través de un mensaje publicado en Linkedin.
Pérez-Llorca y RocaJunyent, fundados por José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Llorca, dos de las siete personas que firmaron la Constitución española de 1978, han advertido igualmente contra toda injerencia sobre el poder judicial.
Ambos bufetes emplearon también la red Linkedin para expresar su posición. «El principio de separación de poderes», publicó Pérez-Llorca, es el fundamento del Estado de Derecho, y afirmó que los españoles «ejercen su función con arreglo a la ley, con independencia y profesionalidad».
El despacho RocaJunyent declaró en un mensaje su reconocimiento «a la importante labor que, con plena independencia, vienen desarrollando los juzgados y tribunales para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación del ordenamiento jurídico».
El mensaje del bufete fue respondido con críticas en el mismo hilo de publicación por reconocidos abogados. «Lástima de ocasión perdida para ensalzar la obra magna de vuestro socio fundador», decía uno.
