Trapero y la cúpula de los Mossos clave en el 1-O, a juicio

Josep Lluis Trapero es juzgado desde este lunes en la Audiencia Nacional por su actuación como jefe mayor de los Mossos d’Esquadra durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La Fiscalía considera que el exjefe de la cúpula de la policía autonómica catalana desempeñó un «papel clave» en la celebración de la votación organizada por el expresident Carles Puigdemont.

No será el único. Le acompañarán en los juzgados de San Fernando de Henares (Madrid) la teniente de los Mossos Teresa Laplana, el que fuera número dos del departamento de Interior de la Generalitat, César Puig, y el exdirector del cuerpo autonómico Pere Soler.  

El Ministerio Fiscal pide 11 años de cárcel por delitos de rebelión y sedición, dos menos que la condena de mayor duración impuesta al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, en el principal juicio al ‘procés’. Precisamente, una de las referencias a Trapero que se hacen en la sentencia del caso es la «cínica notoriedad» con la que se mostró la «coartada de la insuficiencia de los Mossos en cada uno» de los centros de votación del 1-O.

La acusación de la Fiscalía respecto al exjefe de los Mossos es contundente. «Contribuyó de forma decisiva para que los Mossos se pusieran al servicio del plan secesionista», afirma en el escrito, de 94 páginas, y en el que se resalta que diseñó «de forma deliberada los mecanismos que impidieron a los agentes» cumplir con las órdenes tanto de la propia Fiscalía como de la Justicia. 

A Trapero (Badalona, 1965) se le acusa de «pasividad» durante la celebración del 1-O y ser el responsable de una «insuficiente dotación policial» para el registro de la consejería de Economía, realizada el 20 de septiembre. Asimismo, a Trapero se le imputa por informar de las investigaciones policiales y judiciales a políticos independentistas. 

La abogada de Trapero, Olga Tubau, alegará el mismo argumento defendido en los dos años que su cliente lleva cesado como jefe de los Mossos: cumplió órdenes de la Justicia y la Fiscalía. La letrada argumentará que Trapero no pudo frenar el referéndum debido a que la masiva participación en el 1-O fue muy superior al operativo de la policía autonómica y señalará que Trapero se limitó a acatar las directrices del departamento de Interior a pesar de no compartirlas.

El que fuera mayor de los Mossos, por su parte, ya defendió ante el Tribunal SUpremo que actuó tal y como requerían los jueces, es decir, «con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social». 

Laplana, Puig y Soler, los otros acusados

Teresa Laplana (Barcelona, 1961) era la responsable de seguridad durante el registro en la Consejería de Economía del 20 de septiembre. Según la Fiscalía, «cooperó de forma decisiva con los fines perseguidos por las instituciones catalanas». Esto impidió, a juicio del Ministerio Fiscal, «el desarrollo de la diligencia judicial» debido a su «deliberada pasividad». Se la acusa, además, de no haber facilitado la intervención de los Mossos después de la petición de la Guardia Civil. 

A César Puig (Valls, Tarragona, 1956) se le juzgará por «alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales», es decir, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de «facilitar información» a la causa soberanista para «garantizar» la celebración del referéndum. Se le imputa, además, por avisar con emails al Govern de un registro en el que se intervinieron «miles de sobres que contenían cartas con nombres y apellidos» que habrían sido diseñados para la votación del 1-O. 

Pere Soler (Terrassa, Barcelona, 1967), por su parte, tendrá que enfrentarse a una doble acusación. Por un lado, la Fiscalía señala que diseñó junto a Trapero y al exconseller Joaquim Forn -condenado a 10 años y seis meses por un delito de sedición- «los pasos a seguir» durante las jornadas previas al 1-O con el objetivo de asegurar la votación. Asimismo, a Soler se le acusa de dar «cobertura y protección» a los implicados en el referéndum.