Jaume Collboni gana la batalla civil del PSC a Núria Marín

Todos los grupos políticos del Consejo Comarcal del Barcelonés (CCB) votaron a favor de disolver esta administración pública. No obstante, fuentes de la oposición aseguran que el equipo de gobierno, formado por el PSC y CiU, se resistió, algunos de sus miembros se hicieron los “remolones”, aunque finalmente aceptaron la liquidación. Incluso presentaron una moción por la que instaban a la Generalitat y al parlamento catalán a iniciar los trámites para la disolución. Así evitaron quedarse en minoría en defensa de una administración innecesaria. Entre los que se resistieron a la desaparición se encuentra su actual presidente, el socialista Francesc Josep Belver, primer teniente de alcalde de Núria Marín en L’Hospitalet de Llobregat.

Jaume Collboni se ha impuesto a Núria Marín, la número dos del PSC

Diversos dirigentes socialistas se posicionaron públicamente a favor de la disolución. Este es el caso de Antoni Balmón o de Jaume Collboni, segundo teniente de alcalde de Barcelona, pese a que dos concejales de su grupo –Carmen Andrés y Daniel Mòdol– forman parte de la corporación comarcal. Incluso, la federación socialista de Barcelona, presida por Collboni, reclamó la desaparición en su congreso de enero pasado. En cambio, desde el equipo de Belver se insistía hasta hace tan sólo unos días en que era una administración “necesaria” para el ciudadano. En el entorno de Núria Marín nunca se compartieron las prisas por acabar con esta administración. En la guerra del PSC contra el PSC, las tesis de Collboni se impusieron a las de Marín, número dos del partido.

Tres décadas de gobierno socialista

El PSC gobierna el CCB desde su creación en 1988, hace casi tres décadas. Las fuentes consultadas indican que, si desaparece esta administración, muchos cargos de confianza socialistas deberán buscar acomodo. Los funcionarios pueden ser recolocados en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y en los ayuntamientos, pero los cargos del partido deberán buscarse la vida. Y no es un buen momento para ello.

Los ayuntamientos y la AMB, que preside Ada Colau, pueden absorber sin problema las escasas competencias y la treintena de funcionarios del consejo. Otra cosa son sus empresas públicas. La promotora Regesa, propiedad al 100% del consejo, tiene una deuda acumulada de 64,8 millones de euros y se encuentra inmersa en un plan de saneamiento financiero, según datos del grupo comarcal de la CUP. La promotora no recibe encargos de los ayuntamientos desde hace ocho años.

Una empresa en pérdidas que nadie quiere

Curiosamente, Regesa se constituyó en 1984 desde la desaparecida Corporación Metropolitana de Barcelona, un organismo impulsado por Pasqual Maragall y finiquitado a instancias del gobierno de Jordi Pujol. La Corporación se disolvió cuando se crearon los consejos comarcales y, entonces, Regesa pasó a depender del consejo del Barcelonés.

Además, la Fiscalía ha abierto diversas investigaciones sobre la gestión del CCB y de sus empresas. La CUP presentó recientemente otra denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha solicitado a la alcaldesa Colau la creación de una comisión de investigación sobre los desmanes del consejo comarcal. Al final, puede que nadie quiera asumir su costosa herencia.