Iván Redondo y el jefe de prensa de Sánchez vigilan las fake news

La lucha del Gobierno contra las fake news, disparada a raíz de la pandemia del coronavirus, sigue en pie. El Gobierno ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la creación de una «comisión permanente contra la desinformación», que será controlada por Iván Redondo, el director del gabinete de Pedro Sánchez, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.

La decisión la tomó La Moncloa en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre pero no fue recogida por el BOE sino hasta este 5 de noviembre. La constitución de la mencionada comisión permanente es su contenido más llamativo, no solo por sus integrantes sino también porque se ha dejado por fuera a los ministerios de Unidas Podemos, el partido más antibulos del Ejecutivo de coalición.

De hecho, la mayor apuesta contra la desinformación por parte del Gobierno se ha confirmado poco más de una semana después de que Podemos llevase al Congreso una propuesta para eliminar con celeridad todos los mensajes de odio que se publican en las redes sociales, la cual fue aprobada con el voto en contra del PP y Vox. No obstante, cabe recalcar que se trata de asuntos independientes.

Los miembros de la comisión contra la desinformación

Lo que el Ejecutivo de Sánchez ha confirmado este jueves en el BOE es una estrategia de actuación contra la desinformación, grosso modo, más allá de las redes sociales, donde este año todas las corrientes ideológicas y políticas se han lucido esparciendo información inexacta o malintencionada. Así las cosas, La Moncloa apela también a medios de comunicación, la academia, el sector tecnológico y la sociedad civil.

El BOE explica que esta comisión permanente contra la desinformación «se establece para facilitar la coordinación interministerial a nivel operacional en este ámbito» y será coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación (dirigida por Oliver y dependiente del gabinete que controla Redondo) y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional, que a su vez también es coordinado por Redondo y dirigido por Miguel Ángel Ballesteros.

Los otros miembros de la comisión serán el Centro Nacional de Inteligencia (dependiente del Ministerio de Defensa), el gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (del departamento del Interior), la dirección general de comunicación, diplomacia pública y redes (del Ministerio de Asuntos Exteriores) y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (del Ministerio de Asuntos Económicos).

También podrán ser «convocados en calidad de expertos» otros representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades y ciudades autónomas, y de las entidades locales, «en función de la naturaleza de los asuntos que se traten», reza el BOE. Además, representantes del sector privado y expertos de la material podrían ser convocados si su contribución se considera «relevante».

«Evaluar de forma continua la desinformación»

Las funciones de la comisión permanente contra la desinformación serán apoyar las decisiones de la Secretaría de Estado de Comunicación en este sentido, valorar informes de riesgos y amenazas, formular propuestas para estas actuaciones y verificarlas, coordinarse con el Consejo de Seguridad Nacional, apoyar la investigación sobre las fake news y semejantes, y elaborar la propuesta de una estrategia nacional de lucha contra este problema.

Dicha comisión formará parte de una red de órganos y organismos que igualmente combatirán la desinformación, como lo son el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, las autoridades públicas competentes, el sector privado y la sociedad civil. En estos últimos rubros se incluye a la prensa, las plataformas digitales y otras organizaciones no gubernamentales.

Todos ellos trabajarán en torno a cuatro niveles de actuación. El primero, el más básico, es la vigilancia, detección y notificación de posibles casos de desinformación, su coordinación con el Sistema de Alerta Rápida de la UE (RAS) y la investigación del origen y propósito de los mismos. El segundo nivel involucra a la comisión permanente contra la desinformación, que analizará los casos y decidirá si se activa una «célula» específica para atacar.

El nivel 3 supone la información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, así como el seguimiento de las alertas por parte del Comité de Situación, mientras que el cuarto y último nivel es para «la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer Estado».

Todo ello con el objetivo «imprescindible» de «establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España».