El independentismo exige la aplicación inmediata de la amnistía

Primeras reacciones a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que se ha publicado este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado. Las defensas de los encausados de Esquerra Republicana ya han presentado sus peticiones formales para reclamar que se les aplique la nueva normativa, así como también lo han hecho las del reciente escogido presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), y del secretario general de Junts, Jordi Turull, según avanza Europa Press.

Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont y de otros encausados, Gonzalo Boye, afirma que de momento no tiene preparado ningún escrito, ya que sus clientes esperarán a que los jueces actúen de oficio: «los jueces tienen hoy un nuevo instrumento legislativo, que lo usen», ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Efe, y ha añadido que el escenario que se contempla es «el respeto a la ley». Así, muestra su «confianza» en la justicia, y ha pedido «calma».

Cerrar las causas y «borrar» antecedentes penales

Por el contrario, las defensas jurídicas de los 37 encausados por el ‘procés’ de ERC –algunos con dos y hasta tres causas abiertas– ya han trasladado todos los escritos «pidiendo que se aplique la ley», con la voluntad de «cerrar» las causas que afectan a estos dirigentes del partido.

Además del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, también exigen la amnistía los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros. 

De la misma manera, la defensa del nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido aplicarle la amnistía para «borrar sus antecedentes penales». Y es que, según Rull, tener antecedentes penales provoca consecuencias como que tengan problemas a la hora de viajar a países como Estados Unidos.

En cuanto al exconseller Jordi Turull, ha reclamado la aplicación de la ley para poner fin «inmediatamente» a la inhabilitación de 12 años que le impuso el Tribunal Supremo en la sentencia del 1-O. En el escrito presentado al tribunal se argumenta que su caso está amparado por la ley y que su condena por malversación cumple el requisito de que no haya existido intención de enriquecerse, algo que respalda en la propia sentencia que lo condenó.

El TSJC pide opiniones por Mas y Torra

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha pedido que se posicionen a las acusaciones y las defensas de las causas que pueden revisarse por la amnistía, como la condena al expresidente del Govern Artur Mas por el 9N, la condena por desobediencia al expresidente Quim Torra y la causa pendiente de juicio a la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga; el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda y presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó.

El TSJC ha informado este martes que también lo ha pedido a los implicados en la causa que afecta al exdelegado del Govern en Lleida, Bernat Solé, que fue inhabilitado un año por desobediencia en el 1-O, y el exconcejal de Lleida Pau Juvillà, que fue inhabilitado seis meses por desobediencia al no retirar lazos amarillas y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el Ayuntamiento.

El tribunal da 10 días a las partes para que presenten sus alegaciones sobre una posible revisión de las causas por la Ley de Amnistía publicada este mismo martes.

El PP presentará recursos de inconstitucionalidad

Cargos del PP han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la publicación en el BOE Ley de Amnistía, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asegurando que se trata de «la página más negra del sanchismo». Según añaden, el jefe del Ejecutivo «ha pagado el alquiler de seis meses en Moncloa» con «los derechos de todos los españoles».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que está convencido de que la UE frenará esta norma y no dejará pasar este «atropello», ya confirmó que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad. Paralelamente casi todas las CCAA gobernadas por el PP han anunciado también que recurrirán. La ley fija un plazo de tres meses para poder impugnar desde su publicación.