Illa intenta romper la maldición de los Presupuestos: Cataluña solo los ha aprobado en plazo una vez en una década

Al descartar presentar presupuestos para este año, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se propuso tener listas para el 1 de enero de 2025 las cuentas públicas para el próximo ejercicio. Más allá de las dificultades que entrañan las negociaciones políticas, la historia parlamentaria sugiere que el socialista no lo tendrá nada fácil, puesto que en los últimos catorce años los presupuestos de la comunidad autónoma únicamente se han aprobado en plazo en dos ocasiones: en 2010 y 2022.

Así lo reflejan los datos recogidos en el ‘Informe del Estado de derecho 2024’, que ha elaborado la fundación Hay Derecho. Mientras que en 2011 y 2012 la Cámara Catalana dio luz verde a las cuentas públicas en julio y febrero, respectivamente, en 2013 no hubo presupuestos, ya que la Generalitat no presentó proyecto de ley.

En los últimos catorce años, Cataluña ha aprobado los presupuestos en plazo en 2010 y 2022

Después de que en 2014 se aprobasen las cuentas públicas a finales de enero y en 2015 prosperasen en marzo, los presupuestos para 2016 acabaron decayendo al rechazarlos el Parlament. A pesar de que en 2017 se aprobaron las cuentas públicas en marzo, en 2018 y 2019 la comunidad autónoma volvió a quedarse sin presupuestos.

Desde entonces, se han aprobado las cuentas públicas en tres ocasiones: en 2020, 2022 y 2023. Si bien en 2021 no se presentó proyecto de ley, el que se presentó este año no cosechó los apoyos necesarios en la Cámara catalana, que tumbó por un solo voto los presupuestos presentados por el entonces ‘president’ Pere Aragonès y le empujó al adelanto electoral.

Un complicado escenario

Salvador Illa renunció este verano a presentar unos nuevos presupuestos para este año y se decantó por centrar sus esfuerzos en buscar los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas para el siguiente ejercicio. Para ello, previsiblemente, buscará el respaldo de los partidos que hicieron posible su investidura y le situaron a la cabeza de la Generalitat de Catalunya: los comunes y ERC.

Ante este escenario, el primer secretario del PSC podría encontrarse ante la misma situación que su antecesor en el cargo, que no pudo aprobar su propuesta al no alcanzar un acuerdo sobre el Hard Rock, un macrocomplejo de ocio y juego que se quiere levantar en los municipios de Vila-seca y Salou, en la provincia de Tarragona.

Por el momento, los republicanos han alejado la posibilidad de aprobar las cuentas públicas catalanas y auguran que el congreso que tienen previsto celebrar el 30 de noviembre pueda «afectar» en las negociaciones, tal y como ha anticipado la portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, quien también recordó que únicamente se han reunido una vez con los socialistas para abordar las cifras «globales» de los Presupuestos, pero aún no han comenzado ninguna negociación formal.

Por su parte, los comuns han creado una mesa de negociación vinculada a asuntos de vivienda, una área «prioritaria» para el partido. Otro de los puntos en los que pondrán el foco en el transcurso de las conversaciones, según desgranó el portavoz de los comuns, David Cid, será el cumplimiento del acuerdo de investidura con el PSC, que pasa por la obtención de más recursos propios que los recogidos en las cuentas de los años anteriores.

Gobernar a golpe de decreto

El informe elaborado por la fundación, que examina la situación del poder judicial, ejecutivo, parlamentario y órganos de control y garantía, también revela algunas malas prácticas en el procedimiento legislativo en la comunidad autónoma. Concretamente, advierte acerca de la consolidación del abuso del decreto-ley, puesto que en los últimos dos años el Parlament ha aprobado 28 decretos-leyes, frente a 24 leyes.

También alerta acerca de la «preocupante» tendencia hacia la politización de los órganos de garantía y control tanto en España como en Cataluña, donde dedica una especial mención al pacto alcanzado en 2022 entre las formaciones políticas que entonces formaban parte del Govern, Junts y ERC, con el PSC.

A raíz de este acuerdo se renovaron varios órganos cuya elección depende de la Cámara catalana, como el Síndic de Greuges, el Consell de Garanties Estatutàries, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) o la cadena de televisión pública TV3. La fundación lamenta que se realizase un «reparto de cromos partidista» de las principales instituciones de contrapoder y garantía y medios de comunicación públicos».

Además, enfatiza que la elección de los miembros de estos órganos evidencian la lógica de cuota de partidos, «la mayoría de los cuales son de un marcado carácter político».

El análisis también posiciona a Cataluña como la segunda comunidad autónoma con menor número de jueces por habitantes, solo por detrás de Castilla-la Mancha. La comunidad autónoma se sitúa «significativamente por debajo de la media española», que ronda la docena de jueces por 100.000 habitantes, y se corona como la región con una menor antigüedad de los magistrados.