Guerra en el Colegio de Abogados de Barcelona por el juicio del 1-O
Acusan a la decana Maria Eugenia Gay de desproteger a la defensa del juicio del procés pese a que su número dos es Jordi Pina, abogado de tres acusados
El juicio del ‘procés’ ha provocado un agrio enfrentamiento interno en el Colegio de Abogados de Barcelona que lidera Maria Eugènia Gay. La junta de gobierno colegial ha chocado con su comisión de derechos de la persona y han cruzado reproches en sendos comunicados públicos por su posicionamiento sobre el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra dirigentes independentistas catalanes.
El vicedecano de la junta es Jordi Pina, defensor de los acusados Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. Sin embargo, la comisión de defensa de los derechos de la persona, de corte todavía más independentista, exigía una acción contundente de la junta en favor de los abogados de la defensa. Pina no se pronunció en este conflicto interno.
La pugna entre ambos sectores colegiales –la junta y la comisión de derechos de la persona–gira en torno a si el Tribunal Supremo ha respetado el derecho de defensa en el juicio.
Este martes, la comisión de defensa de los derechos de la persona afeó a la junta de gobierno –liderada por la decana Gay y de la que Pina es su número dos- que no haya denunciado «que se han vulnerado los derechos de los colegiados» que participan en la defensa. Así lo reclamaron diversos miembros de la institución.
En opinión de la comisión, la junta «estaba obligada a seguir el procedimiento judicial, especialmente el juicio oral, para velar por la garantía del derecho de defensa», ante el que, añade el comunicado, «no caben equidistancias».
La comisión presentó un informe en el que -tras advertir de que las opiniones son solo suyas, no el posicionamiento «oficial» del Colegio de Abogados- denuncian un «trato discriminatorio» con los testigos de la defensa, la «complacencia» del presidente del tribunal, Manuel Marchena, con los agentes que testificaron y sus «formas autoritarias y arbitrarias».
Comunicado de la junta
Por su parte, la junta de gobierno colegial, a través de un comunicado, se desmarcó de la opinión de la comisión de defensa por considerarla “ajena a la realidad», al tiempo que recalcó que nunca ha dejado de velar por los derechos de sus colegiados.
Según la junta, los contactos con los abogados del juicio del «procés» han sido permanentes, por lo que cree inadmisible «que se le impute una falta de cumplimiento de las normas colegiadas relativas a la tutela del derecho de defensa, que no se ajusta a la realidad».
«La Junta de Gobierno del ICAB también lamenta que algunos profesionales de la abogacía interpreten interesadamente el derecho de defensa y la norma colegial establecida para garantizarlo», añade el comunicado.
No es la primera vez que la junta colegial se desmarca de las manifestaciones de su comisión de defensa. Sus divergencias vienen de lejos y se pusieron de manifiesto, ya con los decanatos anteriores, a raíz de proceso independentista.
Gay ganó en 2017 las elecciones al decanato del colegio con una lista plural que ha intentado mantenerse al margen del debate independentista, en una institución que, como en la sociedad catalana en global, las sensibilidades sobre ese asunto son diversas.
Distinto ha sido el papel del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), que agrupa a los 14 colegios de letrados de Cataluña y presidido por el decano de Terrassa Ignasi Puig. En un contundente comunicado, este consejo censuró hace unos días la «presión» de Marchena a los abogados de Jordi Cuixart.
