La fiscalía: Puigdemont y Junqueras dieron «un golpe de estado»
El ministerio público mantiene la acusación de rebelión porque el procés "fue un ataque contra el orden constitucional" con "violencia" intimidatoria
El proceso independentista, impulsado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que culminó con el referéndum ilegal del 1-O y una declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 fue, para la fiscalía, «un golpe de estado» rematado durante el mes de octubre con episodios de «violencia» de innegable «naturaleza insurreccional».
Son palabras del fiscal Jaime Moreno, que este martes por la mañana presenta el informe final del ministerio público en el juicio del procés que se sigue en el Tribunal Supremo. Moreno defendió la acusación de rebelión que pesa desde el inicio de la causa contra nueve de los 12 encausados. La fiscalía la ha decidido mantener hasta el final porque se trata de un tipo penal, argumentó, que no requiere de la existencia de «violencia grave o de violencia armada».
Para Moreno, lo que se produjo en Cataluña fue «un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público», ya que buscaba derogar, suspender o modificar de forma total o parcial la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, por lo que argumentó que no puede ser considerado una sedición, como plantea la Abogacía del Estado.
A su juicio, quedó probado que, sobre todo en los meses de septiembre y octubre de 2017, hubo «violencia física, compulsiva e intimidatoria», por ejemplo en los actos de protesta del frente a la de Vicepresidencia y Economía y otras sedes de la Generalitat y empresas que fueron registradas por orden judicial.
«Es ni más ni menos que un pronunciamiento civil de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado», apoyada en la movilización popular y en la colaboración de los Mossos, prosiguió el fiscal, en un momento trascendental como la jornada del referéndum, «imprescindible» para conseguir sus objetivos, y presentando además a España como un «estado represor franquista y antidemocrático» a ojos de la comunidad internacional.
Junqueras, en el epicentro de la «rebelión»
El fiscal Javier Zaragoza situó como motor de ese pronunciamiento a Junqueras, el acusado sobre el que pesan peticiones de penas más graves, a quien criticó por el alegato que hizo al principio del juicio. Para el fiscal, ese «monólogo» constituyó un «ejercicio de cinismo sin precedentes» porque Junqueras defendió su actuación en aquel «mes insurrecional» al amparo de «un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional».
El fiscal reprochó a los acusados haber «desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional» sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna.
«Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales y han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio», zanjó.
Este martes, también es el turno para que presenten sus informes finales tanto la Abogacía del Estado como la acusación particular ejercida por Vox. La semana que viene, el juicio quedará visto para sentencia tras la presentación de los de las defensas.
