Los nuevos gobiernos autonómicos del PP empiezan a bajar y eliminar impuestos
Las nuevas comunidades gobernadas por el PP se suman a la carrera de rebajas fiscales que inició la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en imagen de archivo. EFE/Biel Aliño
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Cuatro meses después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, los nuevos gobierno autonómicos del Partido Popular (PP) han empezado la aprobación de rebajas e incluso la supresión de impuestos como el de sucesiones y donaciones, el de patrimonio y el del IRPF.
Los gobiernos de Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja han aprobado iniciativas de rebaja fiscal, que en ocasiones afectan también al tramo autonómico del IRPF o al impuesto de transmisiones patrimoniales, igual que en Aragón y Cantabria, donde los ejecutivos regionales han anunciado medidas.
El primer objetivo es el impuesto de sucesiones y donaciones
En la carrera de rebajas fiscales, el primer objetivo del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo es el impuesto de sucesiones y donaciones, que se debe de abonar en el caso de recibir la herencia de un familiar fallecido.
En concreto, el Govern balear de Marga Prohens ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, abuelos a nietos y entre cónyuges, y ha reducido el de transmisiones patrimoniales en la compra de primeras viviendas para jóvenes y personas con discapacidad.
El Consell valenciano ha aprobado este mes una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para padres, hijos y cónyuges y la Junta de Extremadura dio luz verde a un primer paquete de medidas fiscales que incluye la bajada al 8% y 10% en los primeros tramos autonómicos del IRPF y la bonificación total del impuesto de patrimonio.
A su vez, el ejecutivo riojano de Gonzalo Capellán ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley por el que se elimina el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges, que ahorrará 8,3 millones de euros a los contribuyentes.
En Canarias, el ejecutivo CC-PP-ASG de Fernando Clavijo también ha aprobado un decreto ley por el que bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones por razón de parentesco, y no renuncia a la reducción «selectiva» del IGIC (equivalente al IVA en las islas) del vigente 7% al 5%, comprometida en el acuerdo de gobierno.
El nuevo Gobierno de Aragón se ha comprometido a bajar el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas y a eliminar «paulatinamente» el impuesto de sucesiones y donaciones hasta su mínimo legal, y el de Cantabria tendrá listo este mes una reforma fiscal que, entre otras cosas, extenderá la bonificación del 100% de sucesiones a los hermanos, eliminará patrimonio y rebajará el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.
Estas comunidades en las que gobernaba el PSOE -en Cantabria en una coalición presidida por el regionalista Miguel Ángel Revilla– se suman así a la carrera de rebajas fiscales que inició Madrid y que siguieron la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y más tímidamente Galicia, Castilla y León y Murcia.
En esta última, el acuerdo del PP y Vox recoge ahora el compromiso de reducir el IRPF en los tramos de salarios medios y bajos o rebajar el tipo impositivo general del ITP, mientras que en Madrid el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que tramitará durante este mandato una nueva rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF.
Devolver el dinero a los contribuyentes
La formación azul, que tiñó la mayor parte del mapa de su color en las elecciones del mayo, arrebatando una gran parte de autonomías al PSOE, se ha puesto como objetivo el dinero al bolsillo de los contribuyente. Sobre todo, en actual contexto económico marcado por el aumento de la inflación y la subida generalizada de los precios.
A juicio del presidente aragonés, Jorge Azcón, el polémico impuesto de sucesiones «es un castigo al esfuerzo de toda una vida».
«Es urgente bajar impuestos a las familias», dijo la jefa del ejecutivo y líder del PP de las islas, Marga Prohens, que negó, como otros de sus compañeros de partido, que su reforma fiscal favorezca solo a quienes tienen más dinero y patrimonio sino que «los beneficiarios son todos los ciudadanos».
Para la presidenta extremeña, María Guardiola, lo urgente era «devolver el dinero al bolsillo de los contribuyentes», mientras que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, defendió que con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones «se evitan injusticias, dobles imposiciones y se adquiere un compromiso fiscal, histórico y, sobre todo, moral».
