El Gobierno recauda 2.900 millones por los impuestos a la banca y empresas energéticas

La ministra de Hacienda en funciones, María José Montero, revela que las arcas públicas ingresan 827 millones por el impuesto a las energéticas y 626 millones por el tributo a la banca con el desembolso de septiembre

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/ Daniel González

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El Gobierno ha recaudado 2.900 millones de euros este año a través de los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas ha revelado la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María José Montero, quien ha afirmado que la cifra encaja con las cantidades proyectadas por el Ejecutivo.

El segundo desembolso de los dos tributos, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, se situó en los 1.453 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad correspondió al gravamen impuesto a las grandes compañías energéticas, que abonaron 827 millones de euros, mientras que las entidades financieras pagaron 626 millones de euros.

En ambos casos, las cifras son similares a las que se ingresaron en las arcas públicas con el primer pago, que se produjo en febrero. Mientras que la recaudación por el pago del impuesto temporal a energéticas superó los 817 millones de euros, en el caso de los bancos alcanzó los 637 millones de euros, de manera que la recaudación por el primer desembolso se situó en los 1.454 millones de euros.

Montero presume del «acierto» de los impuestos

Después de hacer referencia a los resultados obtenidos por Banco Santander, que este miércoles ha dado a conocer que ha disparado sus ganancias un 11% hasta alcanzar los 8.143 millones de euros entre enero y septiembre, la titular de Hacienda en funciones ha defendido la aplicación de este tipo de gravámenes temporales ante los beneficios «realmente cuantiosos» ingresados por grandes compañías como la entidad cántabra.

En esta línea, ha confiado que el Ejecutivo ganará los recursos que se han presentado contra estas figuras fiscales que, tal y como se desprende del el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para reeditar la coalición del Ejecutivo con Pedro Sánchez a la cabeza, se prorrogarán tras revisarlos por si necesitan «algún ajuste».

Y es que, compañías como Repsol, Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank han presentado recursos ante la Audiencia Nacional contra el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas. Sin embargo, por el momento, el tribunal ha rechazado adoptar las medidas cautelares sobre los mismos.

«Los evaluaremos y si necesitan algo para un mayor rendimiento también lo haremos», ha afirmado a lo largo de una entrevista en la cadena SER para después subrayar: «Antes de que se termine su vigencia revisaremos ambas figuras y las prorrogaremos incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguras o más robustas».

Repsol, Banco Sabadell, Bankinter y Kutxabank presentaron recursos ante la Audiencia Nacional

Montero ha asegurado que el Gobierno legisla «desde la seguridad jurídica». Precisamente, por ese motivo, se ha mostrado convencida de que van a ganar los recursos interpuestos. Además, según ha señalado, la aplicación de estos impuestos «no quita» que los bancos y empresas energéticas sigan presentando unas cuentas de resultados muy abultadas.

«Parece que hemos acertado en el sector que mejor puede aportar para que permita unos mejores servicios públicos, por ejemplo, o acompañar las medidas de Ucrania, como se hizo con motivo de esta recaudación», ha recalcado.

A quién afectan los impuestos extraordinarios

Cabe recordar que el impuesto temporal a las entidad financieras está dirigido a todos los bancos con una facturación superior a los 800 millones de euros en 2019 y grava al 4,8% tanto los intereses como comisiones de estos bancos, por lo que afecta directamente a la actividad que estas empresas desarrollan en el país.

El gravamen a las empresas energéticas, por su parte, pone el foco sobre las compañías con una facturación por encima de los 1.000 millones de euros en 2019, si bien se excluyen los ingresos derivados de las actividades reguladas. Concretamente, grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del sector energético que reúnan las condiciones mencionadas.

Por tanto, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización. El carácter de los dos tributos es temporal, para su liquidación en 2023 y 2024 sobre los ingresos obtenidos en 2022 y en 2023.

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