El Gobierno pacta con ERC la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza

El Gobierno sigue en su búsqueda para recabar apoyos para tirar adelante la polémica reforma educativa de Isabel Celaá, la conocida como LOMLOE. Los partidos del gobierno, PSOE y Podemos, han pactado con ERC el blindaje del llamado modelo de inmersión lingüística en el modelo educativo de Cataluña para asegurarse el apoyo a esta reforma. 

La enmienda pactada por PSOE, Podemos y ERC elimina que el castellano es la lengua vehicular en toda España. De esta manera, ERC pretende asegurarse que no haya tribunales que puedan igualar el castellano y el catalán en sus sentencias.

El texto original de la ley Celáa establecía que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares» y era visto desde el el independentismo catalán como un ataque al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, que impone que toda la educación sea en catalán salvo la asignatura de lengua castellana y la de lengua extranjera. 

La ley que impulsa Isabel Celaá se limita a pedir un «dominio pleno» del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en aquellas donde las haya.

Las administraciones educativas autonómicas tienen el deber de controlar que los estudiantes alcancen tales competencias lingüísticas y, en caso de detectar que en algún centro educativo no se está logrando, adoptar las medidas adecuadas para remediarlo.

Los tribunales, contra la inmersión

El modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha sido objeto de litigios judiciales en numerosas ocasiones y los tribunales han avalado en numerosas ocasiones el derecho de los padres a poder escolarizar a sus hijos en castellano.

El Tribunal Consttucional tumbó en 2010 la idea de que solo el catalán podía ser lengua de enseñanza, e impuso un modelo basado en la «conjunción lingüística», con el catalán como centro de gravedad pero con presencia protagonista del castellano. 

El Tribunal Supremo se pronunció también en contra de que el catalán fuera la única lengua vehicular de la enseñanza, pero dejó a la Generalitat de Cataluña la posibilidad de marcar el porcentaje. La entonces consellera de Ensenyament, Irene Rigau, se negó. En una sentencia posterior relacionada con esta, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) fijó en un 25% la enseñanza en español. 

El TSJC dio la razón a los padres que querían que sus hijos pudieran ser escolarizados en castellano: impuso que además de la asignatura lingüística de español, el currículum académico contara con al menos «otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo». 

La segregación del castellano llega a la Unión Europea

Este polémico modelo de enseñanza ha llegado hasta el Parlamento Europeo. La eurocámara trasladará su preocupación y pedirá explicaciones al Gobierno de España por el uso del castellano en la educación, como consecuencia de una petición presentada por Asamblea por una Escuela Bilingüe que considera que, lejos de ser un asunto pedagógico, corresponde a «una decisión política para romper los lazos con el resto de España».

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, trasladará la preocupación al Ministerio de Educación de España en una misiva para que dé cuenta de la cooficialidad de las lenguas en la comunidad.

Eso sí, se ha descartado enviar una misión de observadores a Cataluña, puesto que son los coordinadores de comisión quienes deben tomar esta medida: «Las lenguas deben servir para unir y no para segregar».

Riba ha defendido que «no hay debate» sobre el modelo de inmersión en Cataluña porque está avalado por el Consejo de Europa y otras instituciones, y que, además, cumple con la Constitución española y las sentencias del Tribunal Constitucional.

«Si este fuera un debate pedagógico la petición debería cerrarse, si es ideológico como, tanto otros, el comité de Peticiones solo será el patio trasero de la política doméstico», ha lamentado.