El Gobierno estudia que la Inspección de Trabajo tenga acceso al registro de jornada laboral de las empresas

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó este lunes que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se llevará a cabo mediante «cómputo anual» y defendió que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) tenga acceso a la herramienta de control de presencia de los empleados en las empresas para garantizar que se respetan los máximos legales.

Pérez Rey realizó estas declaraciones tras reunirse con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la sede del Ministerio, donde manifestó que el Gobierno insistió en el encuentro en que la reducción de la jornada se llevará a cabo en los plazos previstos.

En concreto, el acuerdo PSOE-Sumar recoge que este año el tiempo máximo de trabajo será de 38,5 horas semanales para pasar a 37,5 en 2025. Para ello, el secretario de Estado recordó que es necesario reformar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

El ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo justificó la necesidad de que la reducción no se establezca con carácter semanal sino anual por el hecho de que así se garantiza «flexibilidad» en las empresas y sectores. Al mismo tiempo, sostuvo que ya es una costumbre que los convenios colectivos recojan la jornada laboral con carácter anual.

«Pero claro, ese número de horas anuales tendrá que reducirse y ajustarse a ese promedio de 37 horas y media en cómputo semanal», aseveró Pérez Rey. Además, afirmó que «una de las cosas que tenemos que tratar con organizaciones sindicales y empresariales es, precisamente, cómo proceder a la implantación efectiva de esa reducción, que ya se hará de un golpe en el estatuto, pero que luego aplicaremos de manera progresiva».

Registro horario

Por otro lado, insistió en que no solo se debe reducir la jornada, sino reforzar la legislación en materia de obligatoriedad de controlar el tiempo de trabajo para luchar contra las horas extra no compensadas en las empresas.

Para ello, comentó que «tenemos que tender a digitalizar ese registro horario» y que no se pueda «manipular» por los empresarios ni «por ningún otro sujeto». «Y, además, tenemos que tender y esto también es una parte importante en la que queremos trabajar durante estas negociaciones, a que el registro sea accesible de manera remota para la Inspección de Trabajo», abundó.

Igualmente, auguró que los empresarios compartirán «cualquier medida» que contribuya a que las empresas garanticen la legislación vigente.

Eso sí, Pérez Rey reconoció que hay que tener «flexibilidad en la aplicación a las empresas que tienen más dificultades de implantar este tipo de sistemas», en alusión a las pymes.

«Realmente, ese registro horario interoperable lo que pretende no es que la inspección pueda sancionar, sino precisamente garantizar un registro lo suficientemente íntegro, objetivo, transparente e inalterable que haga que a nadie le merezca la pena jugar con el incumplimiento en materia de trabajo», argumentó.

A su juicio, es uno de los incumplimientos «más flagrantes que existen», porque «pone en peligro muchos de los elementos que se asocian al estatus de ciudadanía en las relaciones de trabajo: la conciliación de la vida laboral y familiar, el descanso, el disfrute de las vacaciones».

Por su parte, los sindicatos apoyaron las medidas planteadas por Trabajo, pero el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, apostó por «ir más allá», dotando a este organismo de la «suficiente capacidad para que efectivamente corresponda» la jornada con las horas trabajadas, tanto ordinarias como extraordinarias.

Recordó que UGT ha interpuesto una demanda contra el Estado español ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el hecho de que la legislación laboral no imponga un sobrecoste a las horas extra y pidió que se aproveche esta reforma legal para corregir esta cuestión.

También indicó que se va a seguir negociando en paralelo con la CEOE de forma bilateral, tal y como ya han venido haciendo en el último mes, después de que Trabajo celebrara con los agentes sociales la primera reunión.

Acceso para los trabajadores

En paralelo, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, pidió que se garantice que no solo tenga acceso al registro horario la Inspección, sino también la representación legal de los empleados y el conjunto de la plantilla.

Vicente también sostuvo que han planteado que la jornada laboral se tiene que establecer de forma anual y la distribución semanalmente en 37,5 horas aunque precisó que caben matices como ya sucede ahora en el marco de la negociación colectiva.

«La distribución de la jornada, igual que ahora mismo, se hará en el ámbito de los calendarios laborales de la negociación colectiva. Cada empresa adaptará la distribución de la jornada en función de las necesidades, como se hace actualmente. No hay ningún cambio», abundó la responsable de CCOO.

Al hilo, el representante de UGT apostilló que ya el Estatuto de los Trabajadores fija que la jornada legal máxima será de 40 horas semanales medidas en cómputo anual. «Donde pone 40, pondrá 37,5», zanjó.

Por último, desde la CEOE trasladaron a Servimedia que no realizan valoraciones por el momento de las propuestas, dado que todavía el Ministerio no ha puesto sobre la mesa documentos concretos.