Rajoy encuentra la manera de frenar las remunicipalizaciones
Una disposición de los presupuestos del Estado impide incorporar a los trabajadores de las empresas que prestan servicios públicos
El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha incluido una disposición en los presupuestos generales del Estado para frenar la de remunicipalización de los servicios públicos. El recurso ha sido una disposición complementaria que prohíbe la incorporación de los trabajadores de las empresas concesionarias de estos servicios. Más concretamente, precisa que las administraciones no podrán sumar a su plantilla a los trabajadores “de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su incumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.
La medida perjudica la promoción de los trabajadores
Cuando un municipio decidía retomar el servicio prestado por una empresa privada, lo más frecuente es que los empleados se incorporen como personal indefinido no fijo, y luego podían pasar a la planta permanente tras diversos pasos de promoción. Pero con la nueva disposición, el personal que provenga de sociedades de propiedad pública será considerado como personal de nuevo ingreso, lo cual retrasará sus posibilidades de promoción laboral.
La disposición 27 de los PGE establece que no se podrán incorporar a los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios públicos
UGT ya ha advertido a los municipios de que estos procesos tienen que ser encarados con más cuidado para no poner en peligro a los trabajadores implicados. Todavía no está dicha la última palabra: los presupuestos serán debatidos en el Congreso en las próximas semanas. La votación del primer borrador está estipulada para el 4 de mayo. El PP necesita los votos de la oposición para aprobar las cuentas estatales, por lo que no se descarta que esta disposición sea una moneda de cambio en las negociaciones.
Varios consistorios han remunicipalizado sus servicios
Diversos ayuntamientos han considerado esta medida como un arma política para frenar los procesos de remunicipalización de servicios públicos. Por ejemplo, en Zaragoza el consejero municipal de servicios públicos, Alberto Cubero (Podemos), dijo que la medida «atenta contra la autonomía municipal y condena a la externalización y privatización de servicios públicos a los ayuntamientos».
El político recordó la limitación para contratar personal que fue impuesta hace diez años, desde el inicio de la crisis. Pero si se pone en marcha esta disposición “implicaría que no se pudiera concretar casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura”. En los últimos dos años, varios ayuntamientos han promovido la remunicipalización de diversos servicios. En A Coruña, el consistorio (Mareas) apura el traspaso del servicio de bibliotecas y en Santiago, el ayuntamiento acelera la toma del servicio de aparcamiento regulado y la grúa antes que se aprueba la medida de la discordia.
En Cataluña, el Ayuntamiento de Terrassa intenta desplazar a Mina Pública d’Aigües en el servicio público del agua, y diversos municipios han formado la Asociación de Municipios Catalanes por la Gestión del Agua para retomar su control. En tanto, en Madrid, el gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) asumió la gestión de Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas. También ha remunicipalizado la prestación de la funeraria pública, aunque sus tarifas son más altas que los prestadores privados.
