El Gobierno acusa al PP de iniciar una campaña de «desprestigio» contra Armengol

El Gobierno culpó este lunes al Partido Popular de estar llevando a cabo una campaña de «desprestigio» contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha incrementado tras las informaciones surgidas por la compra de mascarillas en Baleares durante la pandemia en el ‘caso Koldo’.

Según indican desde La Moncloa, el PP la lleva «atacando» a la expresidenta balear desde que salió elegida por mayoría absoluta hace seis meses para ocupar su cargo de tercera autoridad del Estado, pero no por ser Armengol, sino por suponer el inicio de una legislatura en la que «no asumió» su «derrota» electoral y por representar una España «plural» que los populares «detestan».

En este sentido, denunciaron que lo último es esta campaña de «desprestigio» basada en verter supuestas sospechas que el juez no contempla, descontextualizar documentos administrativos y atribuirlos a la presidenta del Congreso generar «un clima de tensión» para lugar decir que «debe irse por decoro».

Precisamente, hoy mismo el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, acompañado por miembros del Consejo de Dirección del GPP presentó en el Registro del Congreso el escrito de petición de dimisión de Armengol, una dimisión que este partido exigió hace unos por estar presuntamente relacionada con la trama del cobro de comisiones por la compra de mascarillas.

En un repaso de los hechos, desde el Ejecutivo se apunta a que el Gobierno de Baleares que presidía Armengol «fue en todo caso perjudicado por la trama» pero «nunca parte de ella», por mucho que, añaden, «el PP siga sacando de contexto documentos administrativos de un expediente que la Intervención y la propia Justicia dan por válido y completamente legal».

En este sentido, aducen que «lo único» que investiga el juez en lo conocido como la ‘rama balear’ de la trama es al Gobierno actual presidido por la popular Marga Prohens porque «sospecha que la empresa le presionó y consiguió hacer caducar la reclamación iniciada en marzo por el gobierno de Armengol».

Así las cosas, en el Gobierno ven que hay «una clara sobreactuación del Partido Popular para intentar generar una sombra de duda sobre la presidenta Armengol, que no puede defenderse de la misma manera que el resto de diputados por ser la tercera autoridad del Estado, y para tapar las dudas sobre la posible implicación de los populares en la trama».

Consideran en el Ejecutivo que Armengol solo es «culpable» de haber «comprado» mascarillas cuando había una «escasez brutal», haber «analizado su calidad» para garantizar el mejor material, haber «reclamado» la diferencia de precio al confirmar que tenían menos calidad -pese a que éstas eran «válidas», y haberlas «almacenado para devolver las que fueran requeridas en el proceso de recuperación de parte de la inversión hecha».

Por ello, consideran que el intento del PP de «comparar la situación de Armengol con la de Ábalos, que era responsable político de un asesor que en nombre de su ministerio habría cobrado por contratos, es sencillamente ridículo», lo que se entiende también como un desmarque claro con el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Todo este asunto, «solo se entiende en la desesperación del PP por intentar ganar en titulares sesgados lo que perdió en las urnas», concluyen, porque «en Baleares no se ha detenido ni imputado a nadie, no se investiga a nadie, no se imputa ningún delito a nadie, no se acusa a nadie del Gobierno de robar dinero» aunque el PP y su «brazo mediático le da igual eso» cuando «lo llamativo es que precisamente si en Baleares se investiga a alguien, es al PP».

Por último, en el Gobierno remarcan que durante este proceso, la Oficina Anticorrupción, la Intervención y la Fiscalía «revisaron la contratación» de material por la covid-19 sin que se encontrara «ningún indicio de irregularidades».