Hacienda busca una fórmula permanente para gravar a las grandes fortunas en España

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno actual está considerando la implementación de una «fórmula» permanente para imponer impuestos a las grandes fortunas en España. Montero explicó que la intención es asegurar que estas grandes fortunas contribuyan de manera «proporcional» a las arcas públicas.

El anuncio se hizo después de que se cuestionara la recaudación de 623 millones de euros obtenida este año a través del impuesto temporal sobre las grandes fortunas y sobre la posibilidad de que el Gobierno haga permanente este gravamen, que actualmente está programado para los años 2023 y 2024.

«Tenemos que estudiar su rendimiento y queremos hacerlo también en el contexto del debate sobre la financiación autonómica, ya que los gravámenes sobre la riqueza y el patrimonio se aplican de diferentes maneras. Debemos tener la capacidad de dialogar y determinar cuál es la manera más eficaz de asegurar que estas fortunas contribuyan de manera justa», declaró Montero antes de presentar las prioridades de la presidencia española de la UE ante la comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara.

Montero afirmó que «el impuesto temporal de solidaridad se mantendrá» hasta que se realice este debate y una vez que se haya completado el análisis, se deberá garantizar que las grandes fortunas contribuyan de manera proporcional en comparación con el resto de las rentas.

«Ya sea a través de la fórmula actual o mediante la participación de las comunidades autónomas, debemos asegurar que esta recaudación se mantenga sin que se produzca un vacío legal«, subrayó la ministra de Hacienda en funciones.

Con respecto a la recaudación de 623 millones de euros del impuesto de solidaridad anunciada hoy, Montero la calificó como un «buen dato» que cumple con un «objetivo político» al respetar la «proporcionalidad» en el pago de impuestos y el «principio constitucional» de que «el que más tiene, más tiene que pagar».

La ministra argumentó que la recaudación fue la mitad de lo esperado debido a que algunas comunidades autónomas mantuvieron sus figuras fiscales similares, lo que impidió alcanzar su «potencial máximo» de recaudación, que se estimaba en hasta 1.400 millones de euros.

Finalmente, con respecto al recurso contra este impuesto que está siendo evaluado por el Tribunal Constitucional, Montero recordó que se admitió a trámite «sin suspensión cautelar» porque «el Tribunal no cree que se esté vulnerando ningún principio fundamental». Afirmó que el Gobierno está «convencido» de que el gravamen «sigue absolutamente las competencias estatales» y «no va a tener ningún problema con el resto de figuras impositivas».