La Generalitat recorta ayudas para discapacitados
Las asociaciones de atención a discapacitados advierten que el cambio de criterio de la consejera Dolors Bassa les quitará un millón de euros mensuales
La Generalitat ha cambiado el criterio de concesión de ayudas económicas a los centros especiales de trabajo (CET) que contratan a discapacitados. Mantendrá las ayudas a las personas consideradas de especial dificultad, con un grado de discapacidad superior al 64%, pero rebajará las del resto.
La Consejería de Trabajo de la Generalitat, liderada por la republicana Dolors Bassa, ha comunicado a los CET que rebajará las ayudas a los trabajadores con un grado de discapacidad de entre el 33% y el 64%. Hasta el momento, la Generalitat aportaba una ayuda equivalente al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) para todos los discapacitados independientemente de su grado de afectación. A partir de ahora, los CET que contraten a trabajadores con un grado de discapacidad inferior al 64% tan sólo recibirán como ayuda un 25% del salario mínimo interprofesional.
En Cataluña existen 207 centros especiales de trabajo que ocupan a 15.150 discapacitados: de estos, 9.501 son de especial dificultad, con discapacidad superior al 64%, mientras que otros 5.649 tienen afectaciones menos graves. El recorte afectará a este último colectivo. Si hasta ahora los centros que les daban trabajo recibían 353,5 euros mensuales en concepto de SMI, a partir de este momento sólo se les concederá 176,7 euros. La Generalitat se ahorrará un millón de euros al mes.
Puestos de trabajo en peligro
Miquel Vidal, director de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc), considera inadmisible este recorte. Advierte que no sólo pone en peligro la viabilidad de los centros sino los puestos de trabajo de las personas con discapacidad. En este colectivo la tasa de paro se eleva al 32,10%.
En un manifiesto conjunto, ocho asociaciones y federaciones representativas de los centros especiales de trabajo denuncian un “recorte encubierto de recursos económicos” por parte de la Consejería de Trabajo de la Generalitat. Acusan a Bassa de “disfrazar como un gran acuerdo sectorial” la desaparición de parte de las subvenciones. Advierten que esta operación se ha hecho “a espaldas” de la mayoría de centros y entidades.
De las diez grandes asociaciones del sector, sólo dos se han mantenido al margen: Dincat y Cetip. Representan a centros que cuentan con un elevado porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 65%, especialmente de índole intelectual.
Discapacitados: los centros que les dan trabajo denuncian “recortes encubiertos” de la Generalitat
El manifiesto de asociaciones críticas advierten del peligro que los CET se conviertan puramente en “entornos asistenciales” y se desvirtúe su auténtico objetivo que es el de facilitar el tránsito al mercado de trabajo. Estas entidades también denuncian los retrasos de la Generalitat en el pago de las ayudas. No sólo se quejan por los 32 millones de euros que les adeudan desde enero en concepto de SMI sino también por las subvenciones para el apoyo a la actividad profesional.
