La Generalitat debe 32 millones a los discapacitados catalanes
La Generalitat no paga desde hace seis meses las ayudas correspondientes a la mitad del salario mínimo interprofesional a los centros para discapacitados
La Generalitat racanea las ayudas a los centros especiales de trabajo (CET) para discapacitados. Por ley, está obligada a abonar el 50% del salario mínimo interprofesional a los 15.150 discapacitados que trabajan en los 207 CET existentes en Cataluña. En estos momentos acumula seis meses de impagos. En total, les adeuda por este concepto más de 32 millones de euros.
Miquel Vidal, director de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (Fecetc), advierte que han llegado a una “situación limite”. Muchos centros están a punto de echar el cierre. La Generalitat no sólo les adeuda la ayuda correspondiente a la mitad del salario mínimo interprofesional sino que también está demorando el pago de otras subvenciones. Como patronal, Fecetc representa a unas setenta entidades, entre fundaciones, cooperativas y sociedades mercantiles.
En Cataluña existen 207 centros especiales de trabajo que ocupan a 18.346 personas, de las cuales 15.150 son discapacitados. Como mínimo, el 70% de la plantilla de un CET deben ser trabajadores con discapacidad física, psíquica o sensorial. La ley catalana que protege a este colectivo establece que la Generalitat abonará a los centros que los ocupen la mitad del salario mínimo interprofesional. O sea, 353,5 euros mensuales por cada discapacitado.
Presión de la Generalitat
Fuentes del sector de la economía social indican que el departamento de Trabajo de la Generalitat, encabezado por la consejera Dolors Bassa (ERC), intenta modificar los criterios de distribución de las ayudas. “Mientras no haya acuerdo, no las pagan”, indica el gestor de una de las entidades.
Las subvenciones también se están demorando. Hace unos días se publicó, con meses de retraso, la convocatoria de subvenciones para los centros que ocupan a personas con “especial discapacidad” (un total de 9.501 trabajadores). La convocatoria para los de menor discapacidad (5.649 trabajadores) no se anunciará hasta después del verano.
Desde otra entidad se apunta que la Generalitat también está “reteniendo” los 230 euros mensuales en concepto de apoyo a la actividad que reciben los centros por cada discapacitado contratado. Estos fondos son sufragados por el Ministerio de Trabajo de Fátima Báñez y por la consejería de Bassa.
Con el agua al cuello
Diversos CET están lanzando voces de alarma. Josep Anton Canillas, director de la Fundación Marpi, asegura que en los treinta años que lleva en el sector nunca se había llegado a esta situación. No han podido abonar la paga extra de junio y, si la Generalitat no cumple con su obligación, tampoco podrán satisfacer la de este julio. El departamento de Bassa les adeuda 171.000 euros por los seis de impago de la mitad del salario mínimo. “Nos vamos a la quiebra”, avisa. Marpi es un centro especial de Pineda de Mar (Barcelona) que ocupa a discapacitados en el montaje de aparatos eléctricos y en la limpieza viaria de localidades de la comarca del Maresme.
Discapacitados: los centros que les dan trabajo están desesperados por los impagos de la Generalitat
Jaume Graus, directivo de Laborem Dertura SL, asegura que tampoco ha visto nada igual en los 42 años que lleva vinculado al sector. Esta empresa ocupa a unos sesenta discapacitados en un centro de Tortosa (Tarragona) dedicado a la elaboración de ahumados y semiconservas de pescado. Para conseguir pagar las nóminas, Graus explica que se han visto obligados a aplazar el pago a los proveedores hasta los 120 días y a reducir las compras de materia prima. Este año han reducido un 60% las compras de anchoa, uno de sus productos estrella. También producen menos ahumados de salmón.
Canillas y Graus coinciden en señalar que los bancos no les conceden créditos. No confían en los centros especiales de trabajo que ocupan a discapacitados. La Generalitat no está ayudando a que cambien esta percepción.
Dinero para el referéndum
El gobierno de Carles Puigdemont no paga 32 millones de euros a los centros de discapacitados pero, en cambio, este es el importe en subvenciones que concede su Instituto de Empresas Culturales, una buena parte de los cuales acaba en forma de publicidad institucional en los medios de comunicación. Si se compara con los gastos previstos para el referéndum, el vicepresidente Oriol Junqueras se reservó una partida de 5,8 millones de euros –suspendidos por el Tribunal Supremo- y la posibilidad de echar mano a los 130 millones de euros de los fondos de contingencia. Estos últimos, pueden servir para armar un referéndum, pero no para salvar a las entidades de economía social.
