La Generalitat rechaza que el Estado disponga de derecho a veto en la empresa mixta de Rodalies

La Generalitat de Catalunya ha descartado que el Estado vaya a disponer de «derecho a veto» en la empresa mixta que el PSOE y ERC han acordado constituir para gestionar el servicio de Rodalies en lugar de Renfe. Así lo ha expresado la consejera catalana de Territorio, Ester Capella, quien ha recordado que no se trata de la primera empresa pública en la que participan «varias administraciones».

Cabe recordar que en el marco del pacto para investir al candidato socialista a liderar el Ejecutivo, Pedro Sánchez, se introduce la creación de una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya que sustituya a Renfe como operador del servicio. Según se desgrana, el consejo de administración estará compuesto a partes iguales por el Estado y por la Generalitat.

Mientras que el presidente, que estará propuesto por la Generalitat de Catalunya tendrá voto de calidad, el conjunto de decisiones «estratégicas» que tome la compañía pública se deberán acordar por mayoría cualificada.

Los estatutos concretarán qué decisiones son «estratégicas»

Capella ha explicado que serán los estatutos de la empresa los que definan qué decisiones serán «estratégicas» -las que, por tanto, no podrá tomar la Generalitat sin acuerdo con el Estado-, y ha negado que eso equivalga a un «derecho a veto», en declaraciones a la emisora pública Catalunya Ràdio.

Entre las que se podrían determinar como estratégicas, ha señalado decisiones sobre tramos de la R3, que conecta con Francia; si se quieren contratar servicios con empresas extranjeras; o acciones referentes a tramos de vías en los que además de Rodalies circulan trenes de mercancías. «Si nosotros fuésemos el Estado, tomaríamos todas las decisiones, pero el Estado tiene unas competencias que nosotros no tenemos», ha señalado.

Precisamente el hecho de que la futura empresa Rodalies Catalunya vaya a ser mixta ha llevado a dirigentes de Junts a cuestionar que lo acordado sea un traspaso «integral», si bien Capella ha recordado que el propio texto del acuerdo con el PSOE usa este adjetivo.

La consejera también ha señalado que si no se ha acordado que Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) asuma el servicio de Rodalies -una opción que en años anteriores el Govern había puesto sobre la mesa- es porque se ha considerado que «no hay que mezclar las cosas», dado que esta empresa sí es 100% de la Generalitat y el traspaso de Rodalies «habrá que gestionarlo a medida que se asuman competencias».

De hecho, ha equiparado este traspaso al de los Mossos -como ya hiciera la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà-: «Primero una fase y después otra, habrá que calendarizarlo», ha dicho. El acuerdo contempla que la Generalitat asuma toda Rodalies a lo largo de la legislatura. También ha insistido en que se respetarán «todos los derechos», incluido el de la movilidad geográfica, de los trabajadores de Renfe en Cataluña que se ha acordado que pasen a formar parte de la nueva empresa.

Y ha destacado cómo el acuerdo sobre Rodalies contempla el traspaso de más de 500 millones: 335 de déficit tarifario -el coste del servicio no sufragado por la venta de billetes-; 132,7 de mejoras en el servicio que debía asumir la Generalitat; 27 de cánones de Adif; 6 de servicios alternativos de autobuses; y 4 de mejoras en el tramo Lleida-Manresa.