García Ortiz ratifica su permanencia como fiscal general tras ser imputado por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha anunciado este miércoles que seguirá en el cargo a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) le ha imputado por la presunta revelación de secretos de la que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como Fiscal General del Estado», ha anunciado en un comunicado.

Una asociación de fiscales pide la dimisión del fiscal

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido en un comunicado la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado abrir una investigación contra él.

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera, aún está trabajando en un comunicado que prevé emitir a lo largo del día, pero su presidenta Cristina Dexeus ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la imputación de García Ortiz pone en «una situación muy delicada a la carrera fiscal».

«Que el fiscal general esté imputado deja la credibilidad de la institución bastante por los suelos», señala Dexeus, quien recuerda que «es el primer fiscal general al que se le abre una causa penal».

Preguntada sobre si desde la AF pedirán la dimisión de García Ortiz, Dexeus asegura que «el primero que tendría que pensarlo es él». «Tiene que reflexionar. Entiendo que defienda su presunción de inocencia. Pero en su caso, lo que a él le ocurre repercute en la carrera fiscal. Eso es lo que el debe valorar. Si por defenderse a sí mismo debe arrastrar a la institución», apunta.

APIF: «Es absolutamente incompatible»

Por su parte, la APIF insiste en que tras la decisión del alto tribunal, García Ortiz «ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio» que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

«En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito», explica en un comunicado de esta asociación, recogido por Europa Press.

Para la APIF, el fiscal general «ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público» y por tanto «no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto«.

Pone el foco en que según el EOMF la Fiscalía General del Estado puede acordar la suspensión cautelar de un fiscal incurso en un procedimiento penal, y apunta que «no tiene ningún sentido» que cualquier fiscal de España pueda ser suspendido «salvo que sea fiscal general».

«Parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del fiscal general del Estado«, resalta, para incidir en que el artículo 31 de ese estatuto subraya que la duración del mandato es de cuatro años y que solo puede cesar por incompatibilidades, a petición propia, por incapacidad, por incumplimiento grave de sus funciones o cuando cesa el Gobierno.

La APIF concluye su comunicado señalando que mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito, «es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho».