“Los funerarios levantamos la liebre con los fallecimientos reales”

Los tribunales y los estudios estadísticos confirman la tesis de Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación Española de Profesionales Funerarios (Aesprof), que advierte desde el inicio de la pandemia que el coronavirus mata más de lo que dice el Ministerio de Sanidad. Alguacil fue el primero que alertó de que los datos oficiales no cuadran con el número de fallecimientos reales por covid-19. Avanzó que había una desviación del 40%. Y quizás se quedó corto.

Los tribunales superiores de justicia de Castilla-La Mancha y Madrid han puesto en evidencia que la elevada mortalidad de marzo, muy superior a la del mismo mes de años anteriores, no se justifica solo con el número oficial de fallecidos por coronavirus. Por lo tanto, la conclusión es que muchos más murieron de covid-19. Como no se les realizaron test de confirmación, no engrosaron las estadísticas oficiales.

Alguacil indica que su asociación decidió hacer estudio de campo aproximativo cuando la capacidad del sector se desbordó sin que esta situación se reflejase en las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad. Asegura que fueron “conservadores” con los datos obtenidos porque el margen de error podía ser del 10% y porque las cifras cambiaban a cada hora. Entonces, “decidimos salir a la palestra y hacer un llamamiento sobre lo que estaba pasando”.

Fue el primero en advertir públicamente que no cuadraba el número de fallecimientos por coronavirus con lo que los funerarios estaban viendo a diario. Desde febrero, en los certificados de defunción aparecían más neumonías de lo que era habitual. “Los funerarios levantamos la liebre”, dice, con que el número de fallecimientos reales por coronavirus era muy superior al de los balances oficiales.

“Si en una comunidad, al comparar los datos de fallecimientos por meses, ves que se doblan, pues, yo soy de letras, pero blanco y en botella”, afirma Alguacil, que insiste en que los tribunales y la estadística confirman las estimaciones iniciales de Aesprof.

Incluso el Instituto de Salud Carlos III confirma la tesis de Alguacil. Según su último informe, en España se han producido un 51,2% de fallecimientos por encima de lo que sería habitual entre el 17 de marzo y el 5 de abril.

El drama humano

Después de destapar que el coronavirus mata más de lo que reflejan los datos oficiales, Alguacil indica que su asociación se centrará ahora en el “drama humano”, en ayudar a las familias que no se han podido despedir de sus allegados como se merecían. Muchos profesionales funerarios se ofrecen para hablar telefónicamente con las familias para acompañarlas.

En un comunicado difundido el pasado 1 de abril, la patronal del sector funerario Panasef lamentó que se “esté dando autoridad” a Aesprof como representante del sector funerario cuando “esta entidad es una asociación minoritaria de profesionales funerarios”. La patronal ha evitado entrar en la polémica de los datos de defunciones.

Al respecto, Alguacil señala que Aesprof es una asociación de profesionales, él es un tanatopráctico de Logroño, mientras que Panasef es una patronal. La primera tiene un millar de asociados, de un sector que da trabajo a 12.000 profesionales; mientras que la patronal cuenta con 134 empresas funerarias de las cerca de 1.400 que operan en España. Por ello, indica que son “representatividades parejas” en sus respectivos segmentos, aunque reconoce que Panasef se maneja en otras magnitudes porque reúne a las funerarias que más facturan.

Panasef también lamenta que “se de voz y una irreal representatividad” a Esfune, una asociación empresarial que preside Aureli Sánchez, propietario de una funeraria de Manresa (Barcelona). Sánchez indica que Esfune reúne a 13 pequeñas empresas funerarias independientes radicadas en Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Canarias.

La asociación de profesionales Aesprof señala que no tienen nada que ver con Esfune. 

Con posterioridad a la publicación de esta información, Aesprof precisó mediante un escrito de aclaración que “no quiere que se le vincule a Esfune ni por activa ni por pasiva, ni suscribimos nada en la que esta asociación este involucrada, sea de la índole que sea”.

El escrito añade que Aesprof “no entra ni le interesa, ni quiere valorar problemas de la índole que sea, en la que esté o estén involucradas” otras entidades. Indica que su asociación “no pertenece a nadie más que a sus afiliados”, que no reciben financiación de ningún estamento o empresa pública o privada y que no suscriben las afirmaciones de terceros.

Los datos del INE

Por su parte, Aureli Sánchez mantiene un conflicto abierto con Mémora, uno de los principales grupos funerarios españoles, a la que acusa de firmar contratos de exclusividad con hospitales y geriátricos. Recientemente, volvió a arremeter contra Mémora a raíz de que el familiar de un fallecido denunciara en las redes sociales supuestos abusos en la contratación de un servicio funerario. La compañía lo negó.

Sobre las cifras oficiales de fallecidos, Sánchez también indica que “no hace falta ser economista ni matemático para verlo”. Solo se deben comparar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar que, en marzo pasado, se disparó la mortalidad respecto al mismo mes de años precedentes. Sencillamente, no se han contabilizado como fallecidos por covid-19 a los que no se realizó el test. Entre estos están muchos ancianos que perecieron en residencias o en sus domicilios.

Sánchez señala que tanto las autoridades judiciales como el Gobierno controlan el número de fallecimientos mediante los trámites legales que realizan las funerarias.

El trámite funerario

Cuando una persona fallece en un hospital, en el geriátrico o en su casa, un médico certifica la identidad del difunto y la posible causa de la muerte.

Con este certificado, la funeraria se encarga del papeleo ante el registro civil. Se rellenan cuatro hojas, entre las que está la licencia para el cementerio o el crematorio. En esta documentación está el sello del juzgado y la firma del juez o, en las localidades pequeñas, del juez de paz. Por lo tanto, la administración de justicia lo tiene fácil para conocer el número de fallecimientos. Y por supuesto, los datos también acaban en el INE, de manera que el Gobierno sabe con exactitud el volumen de defunciones.

En las estadísticas oficiales solo aparecen los fallecidos que dieron positivo en el test de coronavirus. Esto deja fuera del balance oficial a todos los fallecidos a los que no se les realizó el PCR, aunque presentasen síntomas evidentes de la enfermedad.

Sin embargo, el exceso de óbitos no se puede atribuir únicamente a la pandemia de coronavirus. Los hospitales han aplazado las operaciones quirúrgicas programadas y los pacientes de otras dolencias están llegando tarde. Los especialistas advierten que también aumentarán las muertes por cáncer y dolencias cardíacas.

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