Los fiscalizadores de la política catalana tienen el mandato caducado
El parlamento catalán está obligado a renovar el órgano que controla TV3 antes de finalizar este junio, pero el gobierno de Puigdemont no está por la labor
El parlamento catalán ha sido incapaz de renovar más de una decena de organismos clave para el control de la actividad política. El mandato de muchos de sus miembros ha caducado, aunque siguen en sus puestos. Entre estos organismos se encuentra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la que depende TV3 y Catalunya Ràdio; la Sindicatura de Cuentas, que supervisa las finanzas de los entes públicos y de los partidos políticos; y el Consejo de Garantías Estatutarias, que dictamina sobre la adecuación de las leyes al Estatuto y a la Constitución.
La cámara que preside Carme Forcadell tramita la desconexión con España, gracias a la mayoría independentista de Junts pel sí y la CUP, pero es incapaz de renovar a los miembros de los organismos de fiscalización política que tienen el mandato caducado porque, para ello, es necesaria una mayoría calificada. Los diversos grupos parlamentarios no se ponen de acuerdo.
Desde las formaciones de oposición se indica que el gobierno de la Generalitat y Junts pel sí tampoco tienen demasiado interés en desbloquear la renovación de estos organismos de control. El Pdecat quiere mantener su dominio, heredado de los tiempos en los que CiU ejercía la hegemonía política. Mientras ERC prefiere esperar hasta después de las próximas elecciones, con la esperanza de convertirse en la primera fuerza política para imponer sus cuotas.
Situación de bloqueo
Ferran Pedret, portavoz adjunto del grupo socialista, no cree que se desbloquee la renovación de estos organismos hasta después de las elecciones catalanas. “La negociación está muy verde”, señala. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, constata que la negociación se encuentra “estancada”, aunque confía en que al menos se pueda renovar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) antes de vacaciones.
La junta de portavoces del próximo martes abordará la renovación del consejo de gobierno de la CCMA para que se incluya en el orden del día del último pleno del mes de junio. Así se cumpliría la resolución aprobada en octubre pasado por este parlamento, presentada por el PSC y que exige alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión dentro del primer trimestre de este año. No obstante, tampoco está claro que ahora se desbloquee.
Nadie se mueve de su silla
Al frente de la CCMA está Núria Llorach, en calidad de presidenta en funciones, que tiene el mandato caducado desde marzo de 2015. Tres de los seis miembros del consejo de gobierno de este ente se encuentran en su misma situación. Además, también está pendiente de renovación el consejo asesor de la CCMA, que vela por los contenidos y la programación de TV3 y Catalunya Ràdio. Todos sus catorce miembros tienen el mandato caducado.
En principio, el presidente Carles Puigdemont no parece que esté muy dispuesto a perder el control de estos organismos cuando se prepara para el referéndum del 1 de octubre o, alternativamente, para las elecciones anticipadas.
La protectora de Convergència
El presidente del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), Joan Egea, nombrado para el cargo por la vieja CiU, también tiene el mandato caducado desde finales de 2015. De sus nueve miembros, dos están en la misma situación y todavía no se ha cubierto la vacante que dejó Joan Ridao, propuesto por ERC, cuando en diciembre pasado se convirtió en letrado del parlamento catalán. El gobierno de Puigdemont ha anunciado la intención de enviar a este organismo a Margarida Gil, hasta ahora jefa de sus servicios jurídicos. Gil avaló que la Generalitat no pidiera responsabilidades a Convergència por el saqueo del Palau de la Música. Protegió a su partido.
El CGE es un órgano de carácter consultivo que emite dictámenes sobre la adecuación de las leyes del parlamento catalán al Estatut y a la Constitución española. En los últimos meses se le ha acumulado el trabajo. Los grupos de la oposición le han llevado multitud de cuestiones relacionadas con el proceso independentista.
Política catalana: cargos con el mandato caducado mantienen sus sillas en los órganos de control
Otro organismo clave para la fiscalización de la actividad política catalana es la Sindicatura de Cuentas, que preside Jaume Amat. A este no le ha caducado aún el cargo, pero sí a cuatro de sus siete miembros. En las juntas de portavoces parlamentarios, la CUP ha exigido repetidamente la renovación de los síndicos que revisan las cuentas públicas.
