El Pdecat asesta otro golpe a Artur Mas
Puigdemont deja en el limbo a Margarita Gil, la jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat que protegió a Convergència del caso Palau
El gobierno de Carles Puigdemont ha apartado de los servicios jurídicos a Margarida Gil, hasta ahora jefa del gabinete jurídico de la Generalitat. Tan sólo una semana después de ser nombrada para este cargo por Artur Mas en 2011, Gil avaló que el gobierno catalán no pidiera responsabilidades a Convergència (CDC) por el saqueo del caso Palau.
El cese de Gil supone otro golpe para Artur Mas. La decisión de apartar a Gil del equipo de juristas se ha adoptado con el visto bueno de Puigdemont y de los socios de ERC, pero sin el consentimiento de la vieja guardia convergente que representa Mas. Gil es la esposa de Jordi Jané, actual consejero de Interior de la Generalitat.
Marta Pascal exigió hace unos días la salida de Germà Gordó del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Ahora ha facilitado que se vaya Gil, aunque la cuestión la ha dirimido Puigdemont. Los republicanos también querían su cabeza por haber protegido a la vieja Convergència en el caso Palau. Al inicio de legislatura, forzaron el cese de Núria Bassols, otra protegida de Mas, como comisionada para la transparencia. Bassols se reincorporó a la carrera judicial. Es la esposa de Josep Maria Bassols, delegado de la constructora Orpoler en Cataluña, detenido en dos ocasiones por el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de CDC.
Un puesto en el Consejo de Garantías Estatutarias
Gil se integrará al Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo del parlamento catalán que revisa la adaptación de las leyes al Estatut y a la Constitución española. No obstante, su incorporación no será inmediata. Mientras tanto, esta letrada permanecerá en el limbo.
Margarita Gil: la esposa del consejero de Interior pasará al Consejo de Garantías Estatutarias
Gil se ha visto envuelta en diversas polémicas. Declaró como testigo por el caso ITV, que tiene como principal protagonista a Oriol Pujol Ferrusola. La Guardia Civil la fotografió en un bar en compañía del exjuez Joaquín Ortiz, que el Tribunal Supremo condenó a dos años de inhabilitación por asesorar a empresarios del sector de las ITV.
Cambio de criterio
Con Gil al frente de sus servicios jurídicos, la Generalitat cambió de criterio con respecto al caso Palau: pasó de acusar a Convergència, tal como se acordó en tiempos del presidente José Montilla, a no pedirle ninguna responsabilidad.
El Consorcio del Palau de la Música decidió inicialmente no formular acusaciones contra Convergència en el juicio del caso Palau. De este consorcio forman parte la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, además de la Fundación Palau de la Música. Los representantes de la Generalitat decantaron la balanza aprovechando la ausencia de los miembros del ministerio de Íñigo Méndez de Vigo. El ayuntamiento de Ada Colau exigió unos días después la repetición de la votación, en la que se impusieron esta vez los partidarios de acusar a CDC. No obstante, la decisión llegó demasiado tarde. El tribunal del caso Palau no admitió el cambio de criterio del consorcio porque su abogado ya había presentado las conclusiones.
