Dos asociaciones de fiscales levantan el hacha de guerra contra García Ortiz
Las declaraciones del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz han llevado a que se retiren dos de las tres asociaciones con que se negocia el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE / Salvador Sas
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La Asociación de Fiscales (AF) ha decidido retirarse de la mesa de negociación para la elaboración del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, siguiendo los pasos de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif).
Esta acción se produce en respuesta a lo que consideran «graves e inaceptables insinuaciones» por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre su profesionalidad e independencia, según indica la entidad en un comunicado.
En concreto, la AF se refiere a las declaraciones públicas del fiscal general del Estado en las que cuestiona la independencia y profesionalidad de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de politización y falta de respeto hacia su labor.
Por este motivo, la Asociación de Fiscales considera que “se ha roto el necesario marco para continuar con los trabajos conjuntos” en la elaboración del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, ha decidido retirarse de la mesa de negociación establecida por el fiscal general del Estado.
Revés de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales
Esta decisión sigue el precedente establecido por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que, en una carta dirigida al fiscal general el pasado 16 de abril, comunicó su negativa a participar en el grupo de trabajo para la elaboración del Estatuto debido al «comportamiento anómalo» de García Ortiz en relación con un caso específico.
La propuesta de García Ortiz de iniciar los trabajos para impulsar un nuevo Estatuto fue dirigida a las tres asociaciones de fiscales el 10 de abril, pero ahora solo la Unión Progresista de Fiscales permanece en la mesa de negociación.
La intención del Gobierno
La intención de la Fiscalía General de impulsar un nuevo Estatuto se alinea con los planes del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de dar un «impulso definitivo» a una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue a los fiscales la responsabilidad de la investigación de los delitos en lugar de los jueces.
Este proyecto ha sido una larga reivindicación de la carrera fiscal, pero su desarrollo ha enfrentado dificultades, como la falta de consenso y la demora en la tramitación legislativa, como refleja el caso del anteproyecto aprobado en noviembre de 2020, aún pendiente de informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.
