Apartan a la fiscal que pedía investigar la querella de la pareja de Ayuso
El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, reemplazará a la fiscal de Madrid, después de que esta pidiera resolver una discrepancia de criterio con su superior
Detalle de la toga de un juez. Foto EFE-Biel Aliño
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La fiscal María de la O Silva ha sido apartada del caso relacionado con la denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto. Se les acusa de supuesta revelación de secretos tras la emisión de un comunicado de prensa el 14 de marzo por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre una investigación por presunto fraude fiscal.
El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, reemplazará a la fiscal de Madrid en la causa, según han concretado fuentes fiscales a la agencia Europa Press, después de que la fiscal invocara el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para que la Junta de Fiscales de Sala resolviera una discrepancia de criterio con su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, sobre la admisión de la denuncia.
Las mismas fuentes han indicado que la decisión de asignar el caso al fiscal superior de Extremadura se debe a que la denuncia involucra a dos fiscales de Madrid, incluida la propia fiscal jefe. Se considera apropiado que el asunto sea manejado por un fiscal sin vinculación a la Fiscalía Provincial. No obstante, esta no es la primera vez que se toma una decisión de este tipo cuando el asunto afecta a miembros del Ministerio Público, han apuntado las citadas fuentes.
Montero será responsable de defender la postura de la Fiscalía, la cual fue establecida por Sánchez Conde el 24 de abril tras una reunión de la Junta de Fiscales de Sala que respaldó su criterio sobre el de la fiscal anterior del caso.
Choque entre fiscales
Después de seis horas de deliberación, la Junta, por 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención, respaldó la postura de la ‘número dos’ del Ministerio Público, que argumentaba que no había delito ni indicios contra los querellados. Esto contrastaba con el criterio de Silva, que abogaba por realizar investigaciones antes de tomar una posición sobre la admisión de la denuncia.
En esa ocasión, la Junta decidió por unanimidad que no se debían interceptar las comunicaciones entre los fiscales del caso y el fiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de emitir un dictamen sobre la admisión de la denuncia, como proponía Silva.
Al día siguiente, Silva presentó un informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguiendo el criterio establecido por Sánchez Conde. En él, solicitó que se desestimara la denuncia, argumentando que la publicación del comunicado de prensa «se limitó a proporcionar información veraz al público sin revelar datos, hechos o documentos no divulgados previamente en varios medios de comunicación, y no tiene relevancia jurídico penal suficiente como para iniciar un procedimiento penal».
