La fiscal superior de Madrid asegura que García Ortiz le ordenó difundir la nota sobre la pareja de Ayuso

Almudena Lastra recalca que cumplió el mandado formulado por el fiscal general "por imperativo" y en aplicación del artículo 25 del Estatuto Fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Foto EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Foto EFE

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La fiscal superior de la Madrid, Almudena Lastra, ha declarado ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investiga la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por filtraciones sobre su caso que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue la persona que le ordenó de forma directa la difusión de la nota de prensa en la que se revelaban datos sobre un posible acuerdo con el Ministerio Público a instancias de su defensa, informa Servimedia.

El magistrado José Goyena había citado como testigo a Lastra para avanzar en la investigación que arranca de la querella presentada por Alberto González Amador por la publicación de un comunicado de prensa en el que la Fiscalía daba cuenta de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado del empresario, que pretendía llegar a un acuerdo para rebajar la pena por fraude fiscal.

Según fuentes fiscales, Lastra explicó al magistrado que recibió una orden directa del fiscal general y que cumplió ese mandado «por imperativo» y en aplicación del artículo 25 del Estatuto Fiscal, tras expresar su opinión contraria a la difusión de esa nota de prensa en la que se desmentía que hubiera sido el Ministerio Público el que se dirigió a González Amador para alcanzar un acuerdo.

Las relaciones jerárquicas dentro de la Fiscalía están recogidas en el Estatuto Fiscal, que indica que «el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos».

El juez tomaba declaración a Lastra dentro de la investigación de un delito de revelación de secretos por funcionario que se atribuye a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal del caso Julián Salto. El fiscal general ya ha asumido en primera persona la responsabilidad última de la difusión de ese comunicado de prensa tanto en intervenciones públicas como en un escrito dirigido al instructor.

El fiscal general había pedido el traslado de la causa al Tribunal Supremo, una decisión que el magistrado Goyena no ha tomado por el momento. En cambio, ha dado un plazo de 10 días para que las partes se pronuncien.

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