Los administradores de fincas chocan con Sumar por sus acusaciones de estafa
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas recuerdan que los alquileres de renta antigua están excluidos de las limitaciones de la Ley de Vivienda
La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. EFE/Kiko Delgado
Comentarios
Las declaraciones de la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, quien acusó a los administradores de fincas de llevar a cabo una «estafa sistemática» contra los inquilinos de renta antigua, han generado malestar en el Consejo General que representa a este colectivo, el cual está compuesto por más de 15.000 profesionales.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha solicitado una reunión con el grupo parlamentario liderado por Íñigo Errejón para exigir «respeto» y explicar que los contratos de alquiler de renta antigua están excluidos de la limitación establecida por la ley de vivienda para las actualizaciones anuales de renta.
Los administradores acusan de falsedad en las declaraciones
Aina Vidal, diputada, hizo la denuncia de esta «estafa sistemática» hace unos días, señalando que los administradores de fincas estaban aplicando incrementos anuales en los alquileres de hasta un 22 %, mientras que la ley de vivienda limita el aumento de renta al 2 % en 2022 y 2023, y al 3 % en 2024.
Desde el CGCAFE, Enrique Vendrell, coordinador de la Comisión de Legislación, ha declarado que la acusación es «absolutamente falsa» y se basa en una interpretación jurídicamente incorrecta, ya que el límite de la ley se aplica únicamente a los contratos de arrendamiento formalizados después del 1 de enero de 1995.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor hace diez meses y limita el precio de los alquileres, excluye expresamente los contratos de renta antigua, los cuales se actualizan conforme al IPC según la ley que los regula desde 1964.
Cuántas viviendas de renta antigua quedan
Sumar ha planteado preguntas al Gobierno sobre este tema, solicitando sanciones para los administradores de fincas que hayan incumplido la ley de vivienda.
Según el Ministerio de Vivienda, quedan alrededor de 126.000 viviendas alquiladas bajo el régimen de renta antigua en España, con alrededor de 30.000 en Barcelona, donde representan el 10 % del total de alquileres. Estas viviendas, con rentas significativamente más bajas que las del mercado, suelen albergar a inquilinos de edad avanzada y se consideran vulnerables.
